Al cabo de cuatro horas de debate, la unanimidad de los ediles de la Junta Departamental de Maldonado votó la creación de una Comisión Investigadora sobre presuntos desvíos de fondos públicos entre 2023 y 2024 por parte del edil nacionalista y expresidente de la corporación José Luis Sánchez. La investigadora fue solicitada por Sánchez, tras ser implicado en una denuncia pública planteada por el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica.
El Frente Amplio (FA) propuso, además, la instalación de otra comisión para investigar las actuaciones de los presidentes blancos de este período –Alexandro Infante y Darwin Correa, ambos del sector del candidato a la intendencia Rodrigo Blás–, implicados en la misma denuncia pública sobre la presunta triangulación de fondos a través de proveedores del legislativo.
La bancada frenteamplista recordó que los hechos de apariencia delictiva entorno a Sánchez se concretaron mientras ejercían otros presidentes, ordenadores de gastos, por lo cual esto también debía investigarse para “despejar dudas sobre la credibilidad” de la Junta. Sin embargo, el oficialismo hizo pesar su mayoría y la oposición fracasó en su intento. Del mismo modo había fracasado la semana anterior al promover un juicio político al edil.
El FA también cuestionó que la presidenta de la corporación, Verónica Robaina, no haya ordenado una investigación administrativa “inmediata” cuando Bonica le presentó documentación referida al caso, que ella validó. También advirtieron que, en los días previos a la votación de la investigadora, la presidenta les impidió acceder a esa documentación de forma directa, amparada en una consulta al asesor jurídico de la Junta, Miguel Loinaz.
El coordinador de la bancada oficialista, Adolfo Varela, argumentó que se trata de información que puede estar amparada en la ley de protección de datos personales –en tanto apunta a transferencias bancarias entre el implicado y su hijo, Facundo Sánchez–, por lo cual corresponde manejarla de acuerdo a los procedimientos reglamentarios y jurídicos.
También sostuvo que el FA ha desplegado un “hostigamiento” y “ensañamiento personal” con Sánchez y que ahora pretende capitalizar el caso en la campaña electoral, algo que la oposición refutó al recordar que el edil ha estado implicado en otras irregularidades que el oficialismo se negó a investigar y que el caso actual no surgió desde el FA, sino de una denuncia periodística.
En otro orden, los frenteamplistas marcaron su “preocupación” con respecto al cumplimiento de los plazos de la investigación y a las garantías de que el oficialismo “vaya al hueso” del asunto “por el bien de toda la corporación”. La integración de la comisión investigadora quedará definida este miércoles; luego tendrá un plazo de 30 días, prorrogables por 30 más, para desarrollar sus funciones.