La Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero y Humedales presentó una acción judicial para que “el arroyo vuelva a ser declarado navegable, se cumpla la normativa ambiental y se dejen sin efecto las excepciones aprobadas por la Junta Departamental de Maldonado a favor del proyecto de barrio privado en Ocean Park”.
La acción legal, avalada con la firma de 400 personas, busca “restituir el carácter público del arroyo, asegurar el libre acceso de la comunidad y proteger el ecosistema de un territorio con alto valor ambiental comprendido dentro del área de la Cuenca de la Laguna del Sauce”, indicó la comisión de vecinos y vecinas a través de un extenso comunicado, en el que exponen la fundamentación jurídica de la medida planteada ante el Poder Judicial.
La preocupación por “la creciente degradación ambiental del área” se remonta a abril de 2024, cuando comenzaron las obras de un muro vinculado al desarrollo privado Reserva de Mar entre el arroyo y Ocean Park, inicialmente promovido por el magnate brasileño Alexandre Grendene y luego por el empresario argentino Sergio Groskopff. Esto privó del acceso a la orilla oeste del arroyo, hasta entonces de uso libre por parte de la comunidad.
A falta de información oficial, tras una intensa investigación, la comisión logró determinar que toda la costa oeste del arroyo —desde el puente de la Ruta Interbalnearia hasta su desembocadura en el Río de la Plata—, así como parte de la costa este, quedarían dentro del perímetro del citado barrio privado.
También constató que, a solicitud de particulares que luego integraron el grupo inversor, en 2014 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió reclasificar el arroyo El Potrero, quitándole su categoría de navegable/flotable para declararlo no navegable”. “Esta medida permitió que el álveo del arroyo pase a ser potestad de los predios colindantes, habilitando así intervenciones directas sobre su curso y sobre los humedales asociados”, recordó la comisión.
El escrito presentado la semana pasada ante el Poder Judicial, se ampara en los artículos 30, 31 y 32 del Código de Aguas y los artículos 476, 477 y 478.3 del Código Civil al afirmar que “de pleno derecho el arroyo El Potrero es de dominio o propiedad pública”. “Es un bien de dominio público, dado que es un cauce de agua naturalmente navegable y/o flotable. En consecuencia, todos los habitantes y la ciudadanía tienen derecho a acceder libremente al arroyo y ningún particular puede apropiarse del mismo”, afirmó la comisión.
Las medidas solicitadas a la Justicia
La “acción judicial declarativa” busca “hacer valer tales derechos y constatar lo que el Derecho ya de por sí dispone sobre el dominio público del arroyo”, además de “solicitar medidas preventivas, precautorias, remoción y recomposición sobre posibles daños graves e irreversibles”, entre los que también se incluye la tala ilegal de una parte del monte nativo, reconocida por los desarrollistas del proyecto ante la Junta Departamental de Maldonado.
Por otra parte, la comisión reiteró su rechazo a las excepciones para la construcción aprobadas por el gobierno departamental para el barrio privado.
En ese sentido, expresó ante el Poder Judicial que “el arroyo El Potrero es un bien colectivo, parte de un frágil ecosistema donde habitan una gran diversidad de especies de flora y fauna nativa. El interés general no puede ser afectado por el interés particular. Y eso es lo que está sucediendo”.
Con todo, piden a la Justicia que “se intime al Ministerio de Ambiente a suspender el trámite de convalidación” iniciado por la empresa que lleva adelante el proyecto Reserva del Mar y que se tomen “todas las medidas que sean necesarias” para el cumplimiento de la normativa ambiental y para “prevenir y precaver” todo daño.
También plantearon que “se intime” al gobierno departamental de Maldonado a “suspender o dejar sin efecto” las excepciones de construcción y que se ordene a los desarrollistas que remuevan la empalizada circundante a todo el predio del proyecto, en toda la zona lindante al arroyo El Potrero.