Entre 1970 y 1985, el cuartel de la Unidad de Infantería ubicado en 25 de Mayo y Sarandí, en pleno centro de Maldonado, fue un centro clandestino de detención y tortura de referentes políticos y sindicales regionales y departamentales, a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Subversivas (OCOA 4). Una vez finalizada la dictadura, el edificio se convirtió en el Paseo San Fernando, conocido por miles de personas porque allí de concentran varias escuelas artísticas de la Intendencia de Maldonado (IDM), que es propietaria del inmueble.
Con el ánimo de “recuperar y resignificar el pasado reciente del departamento”, el Colectivo 20 de Mayo Maldonado solicitó a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria la declaratoria e integración de este espacio a la Red de Sitios de Memoria. Para eso aportó documentos existentes en expedientes y audiencias, entrevistas y testimonios de testigos, investigaciones históricas y artículos que “constatan los hechos acontecidos en años comprendidos por la Ley 19.641 [Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente]”, concluyó la comisión nacional que, el 17 de diciembre pasado, aprobó la declaratoria solicitada.
Además de ese cúmulo de información sobre las violaciones de los derechos humanos acontecidas en el cuartelillo militar, la resolución de la comisión (divulgada por el colectivo esta semana) menciona otros antecedentes. Considera la instalación de una placa de la memoria, realizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que da cuenta de que en ese lugar hubo detenciones y torturas dentro del período considerado por la Ley 18.596 [de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado]. A estas iniciativas se suma el proyecto de Museo de la Memoria, presentado en 2015, aunque no llegó a concretarse.
La resolución también contempla que el Paseo San Fernando “es un lugar relevante a nivel cultural, que brinda educación artística gratuita a la comunidad”. Además, allí finaliza, todos los años, la Marcha del Silencio con la lectura de los nombres de los detenidos desaparecidos. “Es un lugar con diversidad de servicios de alta concurrencia y de significación por su contenido histórico como Cuartel de Artillería (1839-1851), Unidad de Infantería (1909-1910) y centro clandestino de detención y tortura durante los años del terrorismo de Estado”, señala.
Los desafíos que vienen
Además del Colectivo 20 de Mayo, días atrás fueron notificados de la resolución la IDM (en tanto propietaria del inmueble), el MEC y el Ministerio de Defensa Nacional. Paralelamente, se resolvió incorporar este espacio al catálogo de Sitios de Memoria y Señalización de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria. Tras recibir la noticia, la agrupación de derechos humanos convocó a una reunión que se realizó el martes 24 en la sede de AEBU Maldonado, donde se analizaron los pasos a seguir.
Shessica Niz, integrante del Colectivo 20 de Mayo y de la mesa coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, destacó que todo surgió del trabajo de muchísimas personas y que ahora “se abre un abanico de posibilidades y oportunidades, pero principalmente un gran desafío”. “La declaración marca una materialización de la memoria histórica de Maldonado y la posibilidad de construir una memoria histórica regional. A su vez, nos permite un diálogo entre los sujetos, la comunidad, la historia; un diálogo que va a empezar a desarrollarse desde ese espacio”, dijo a a la diaria.
El primer paso será un acto de reconocimiento público del sitio, para que luego se instale una comisión de Sitio de Memoria, cuyas características y misión se enmarcan en la Ley 19.641. Estará integrada por delegados de las organizaciones sociales y de los gobiernos departamental y municipal, y podrán sumarse otros actores, como Universidad de la República, con sus actividades de extensión, y otros colectivos sociales.
“Esto implica iniciar una instancia de diálogo con la IDM” con dos cometidos: determinar quiénes integrarán la comisión y acordar cómo trabajará, además de lograr un espacio en el Paseo San Fernando para llevar adelante las actividades propias de un sitio de memoria. A partir de ese diálogo, el colectivo aspira a implementar “un trabajo educativo y cultural en pos de la democracia y los derechos humanos, y también de identidad del lugar en la búsqueda de verdad y justicia”, dijo Niz.
Aunque la agrupación desconoce cuál será la postura de la IDM, la declaratoria obliga a dar cumplimiento a la ley. A modo de ejemplo, Niz mencionó que el Ejecutivo departamental “no podrá hacer transformaciones en el lugar” y deberá “garantizar la existencia de la comisión y de las actividades que se organicen”.