La comisión multipartidaria de Ambiente, una de las cuatro creadas con vistas a la adecuación presupuestal de este año, entregó su informe final con propuestas para el intendente Miguel Abella.
Aunque hubo acuerdo en casi todas las propuestas, los delegados de los tres partidos con representación en la Junta Departamental y de la Intendencia de Maldonado (IDM) discreparon en cuanto a la suspensión de la concesión de excepciones a la construcción en la faja costera por cinco años planteada por el FA en enero pasado.
Para la edila Victoria Blasco, representante del FA en la comisión, “no se profundizó” en este punto porque “es notorio que en Maldonado hay intereses de los partidos políticos y otros actores, al haber una gran influencia inmobiliaria”. Advirtió que, a través del discurso de que “se generan fuentes de trabajo, se niegan los impactos ambientales y las externalidades negativas que después sufre el ambiente y que son irreversibles”.
Sí hubo consenso con respecto a medidas a corto y mediano plazo, algunas prioritarias, cuya implementación será fiscalizada por la comisión. En el paquete “a corto plazo” figuran la protección de faja costera con acciones como la restauración ecológica, cercas captoras, reforestación con vegetación nativa, extracción de especies invasoras. También se apunta a que cada propietario “pueda plantar la vegetación adecuada de acuerdo al ecosistema de la zona”.
Prioridad: plan de la cuenca de Laguna del Sauce
Una de las principales urgencias es la aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce; se espera votar este año. Se entiende que el proyecto, que fue aprobado por dos de las tres comisiones que lo analizan antes de enviarlo al plenario, “es urgente” dada la necesidad de preservar la calidad de la principal fuente de agua potable del departamento.
La creación de las comisiones para las cuencas de las lagunas Blanca, José Ignacio y Laguna Escondida es otra medida planteada a corto plazo. La delegada del FA explicó que la IDM “promoverá vínculos con la Universidad de la República (Udelar) y distintos actores territoriales para generarla”. Su fecha de concreción aún no está definida, debido a que “primero hay que hacer consultas a la Udelar y a las asociaciones vecinales y generar las actas correspondientes para definir cómo se institucionalizará la comisión”.
Además, se propone crear un Sistema Departamental de Áreas Protegidas, inspirado en el modelo de Canelones, que permitirá a Maldonado “pensar y centralizar cuáles son las zonas que se deberían declarar áreas protegidas y ejercer el rol fiscalizador de forma permanente”, sin perjuicio de que “existan zonas que necesiten ser incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”. Esto se llevará adelante en articulación del SNAP y la sede fernandina del Centro Universitario Regional del Este (CURE), informó.
A su vez, en materia de conservación, se busca planificar el territorio mediante la “identificación junto con agrupaciones vecinales de padrones públicos de relevancia ecológica para conservar”, especifica el documento, al que accedió la diaria.
Monitoreo ambiental de recursos hídricos
A corto plazo, también se prevé la creación de una guardia ambiental para “prevenir el daño ambiental y realizar educación ambiental en los municipios”. Según informó Blasco, la Dirección de Ambiente de la IDM “trabaja con la UTU Arrayanes en un convenio para realizar pasantías o formar un cuerpo inspectivo”, con el objetivo de dotar a cada municipio “con recursos necesarios y personal con idoneidad técnica para fiscalizar”.
En línea con el punto anterior, se propone implementar un “monitoreo ambiental” de cañadas y playas, que permita “conocer el estado de situación de los diversos ambientes para mejorar la gestión y planificación”, según detalla el informe. Blasco recordó que la Dirección de Ambiente de la IDM “cuenta con un equipo técnico que realiza muestreos permanentes de la calidad de agua, de los suelos y de las especies invasoras y autóctonas”.
Saneamiento alternativo y protección de humedales
Otro eje es incorporar a la normativa departamental el saneamiento “alternativo”, como saneamiento ecológico, humedales construidos, biodigestores y filtros verdes, según la zona, ya que “la falta de inversión en saneamiento es histórica en el departamento”, explicó la delegada del FA.
En ese sentido, señaló que “durante años se aprobaron fraccionamientos sin saneamiento, donde los residuos derivaron en cursos de agua y causaron contaminación”.
Finalmente, se plantea jerarquizar los humedales y desarrollar medidas de conservación. En el caso de la Laguna del Diario, se apunta a “proteger sus humedales y mejorar la gestión del espejo de agua”, al tiempo que se pretende avanzar en el Plan de Manejo del Ecoparque del Arroyo Maldonado.
Según Blasco, la Dirección de Ambiente de la IDM “está trabajando en un plan concreto, que es la delimitación del parque lineal del Arroyo Maldonado, que abarca la franja de humedales”. A su vez, la IDM informó a la comisión que “ya se empezó a implementar un trabajo de muestreo, conservación y educación para la población”.
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Educación, gobernanza y justicia ambiental
Otro ítem es el de la gobernanza y justicia ambiental, que “no puede quedar reducido solo a la voluntad del intendente de turno”, sostuvo Blasco, ya que “se debe pensar el ambiente en clave de bien común”. Por ello, el documento promueve la articulación con diferentes actores del territorio, como municipios, OSE, los ministerios de Ambiente (MA), Industria, Energía y Minería (MIEM) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), así como la Udelar, UTU, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), agrupaciones vecinales, ONG, fundaciones y emprendedores.
Además, a mediano plazo se prevé aplicar en el territorio el Plan Nacional de Educación Ambiental en Uruguay, impulsado por la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable y articulado por el Ministerio de Educación y Cultura. Entre otros puntos, implica capacitar a funcionarios de la IDM y municipios que “emplean maquinaria”, así como de “empresas licitantes, profesionales, inmobiliarias y empresas de maquinaria”.
Asimismo, se planea aplicar el concepto de “tutelas hidrobiológicas” a otros instrumentos de ordenamiento territorial a elaborar a futuro. Se trata de medidas preventivas, similares a las que ya rigen para el plan de la cuenca de la Laguna del Sauce mientras no se aprueba, que “otorga potestad a la Intendencia o al Estado de prohibir acciones sobre el suelo”, como el uso de agroquímicos. Una vez que el instrumento de ordenamiento territorial es aprobado, estas medidas quedan formalizadas a través del marco legal vigente.
Respuesta a denuncias ambientales y beneficios por “buena práctica”
A mediano plazo, se buscará mejorar la respuesta a denuncias ambientales recibidas mediante la creación de una “ventanilla única”, la mejora de los tiempos de respuesta y que cada municipio “tenga su Unidad Ambiental para poder constatar en fines de semana y fuera de horario de oficina”.
Además, se acordó fortalecer las áreas ambientales a nivel técnico y presupuestal, formar a equipos técnicos y operativos y fomentar la coordinación intermunicipal. Actualmente, ante una denuncia, la Dirección de Ambiente envía a un cuerpo inspectivo para “constatar si hay una violación a la normativa vigente y se deriva el caso a las direcciones competentes”, explicó Blasco.
A su vez, se propone incentivar a productores, inversores, constructores, residentes a preservar el ambiente y adoptar “buenas prácticas” mediante la otorgación de beneficios económicos o de otra índole, como certificaciones o el Sello Verde. Este último “se brindaría a productores de las cuencas de las lagunas para disminuir la huella de carbono y el uso de agroquímicos”, pero aclaró que resta conversar con el equipo económico de la IDM.
Una agenda que trascienda a los gobiernos
Los integrantes de la comisión firmaron un “compromiso interpartidario” para concebir al ambiente como una de las políticas de Estado departamental que “trascienda los gobiernos”, así como continuar con los lineamientos allí descriptos más allá de los períodos de gobierno.
En esa línea, el documento menciona la incorporación de la variable “cambio climático” al ordenamiento territorial; medidas de adaptación vinculadas a la gestión del agua, reducción de riesgos de inundaciones y sequías; y la contribución local a la mitigación, mediante sumideros naturales, forestación con nativas y reducción de huella de carbono.
Paralelamente, acordaron “definir indicadores ambientales y metas medibles”, realizar “evaluaciones periódicas de cumplimientos de planes y normativa”; y elaborar informes públicos de avance anuales o semestrales, tarea que estará a cargo de la Dirección de Ambiente de la IDM. En esa línea, la comisión manifestó su voluntad de continuar reuniéndose cuando haya “temáticas que lo ameriten”.