En la antesala a la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado en Uruguay, el edil nacionalista Fabricio Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, dedicó una exposición en el plenario del martes 23 a repasar cómo se vivió la dictadura cívico-militar en Maldonado. Su discurso fue apoyado por la unanimidad de los ediles, que votaron la remisión de sus palabras a distintos colectivos y organizaciones de Derechos Humanos en Uruguay.
También contrastó con la polémica exposición del exedil Garpar Barrabino, de su mismo partido, quien el año pasado utilizó el plenario para defender a los represores como “servidores públicos que sufren el olvido de quienes los llamaron a actuar” y motivó el repudio general de la Junta Departamental.
Rodríguez, quien además es profesor de Historia, recordó que, al día siguiente del golpe de Estado, la Junta Departamental fue reemplazada por una Junta de Vecinos en un acto que significó la eliminación de la representación política departamental y la clausura del contralor democrático.
“La palabra vecino fue utilizada para vestir de cercanía lo que era una sustitución de la soberanía popular; donde debía estar la voz del ciudadano, se instaló la voz del régimen; donde debía haber debate, se buscó obediencia; donde debía haber control político, se pretendió acompañamiento”, expresó.
“Los problemas de la democracia no se corrigen con intervención militar”
El edil también consideró que una de “las grandes trampas discursivas del autoritarismo fue presentarse como remedio ante los problemas de la democracia, cuando era la negación misma de esta”. Opinó, entonces, que esos problemas “se corrigen con más democracia, control, con más ciudadanía y más transparencia y justicia, pero nunca con intervención militar, persecución política y tortura”.
Asimismo, mencionó que, en setiembre de 1973, fue intervenida la Intendencia de Maldonado, se desplazó al intendente Gilberto Acosta Arteta y se designó como intendente interventor al coronel José María Siqueira. “Donde había legitimidad electoral, se colocó autoridad militar; donde había mandato ciudadano, se impuso mando; donde había gobierno departamental, se instaló intervención”, cuestionó.
“Convivencia obscena entre la postal turística y el subsuelo represivo”
En otro tramo de su exposición, aludió al Batallón de Ingenieros N° 4 como “la base principal de represión en el departamento”, donde “se quebró física y psicológicamente a hombres y mujeres”. Por eso sostuvo que en Maldonado “hubo responsables, estructuras, lugares, víctimas, silencios, complicidades, resistencias, y quienes aceptaron cargos callaron, denunciaron, resistieron desde los partidos, los sindicatos, las familias, la cultura”.
La inteligencia militar “sirvió para transformar la militancia, la opinión, la pertenencia sindical, la discrepancia o incluso una denuncia anónima en motivo de detención”, y “el miedo producía silencio, y el silencio permitía al régimen avanzar”, señaló. Recordó que, en ese contexto, el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA IV) actuó como una estructura organizada para la represión en Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo. Y que lo hacía desde el excuartelillo militar ubicado en el actual Paseo San Fernando, que será oficialmente señalizado como sitio de memoria este sábado 27.
“Es una de las imágenes más fuertes de nuestra memoria local: en pleno centro de Maldonado, frente a una plaza, a metros de la vida cotidiana, funcionaba un engranaje del terrorismo de Estado. Mientras la ciudad seguía respirando y se hablaba de orden, progreso y tranquilidad, detrás de esas paredes había ciudadanos encapuchados, interrogados, golpeados”, sostuvo.
La dictadura en Maldonado fue “la convivencia obscena entre la postal turística y el subsuelo represivo”, ratificó, para recordar finalmente a los detenidos desaparecidos del departamento.
