A pedido del fiscal Jorge Vaz, la Justicia de Maldonado amplió por un año más el plazo para investigar a los exediles nacionalistas José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, formalizados por presuntos delitos de corrupción cometidos mientras presidieron la Junta Departamental, en la pasada legislatura. Además, extendió por otros 90 días las medidas cautelares dictaminadas en setiembre de 2025, por las que Infante cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras Sánchez y Correa deben presentarse una vez por semana en la seccional de Maldonado, con prohibición de salir del país.
Durante la audiencia realizada el martes 11, el fiscal fundó su petición en que todavía no recibió la auditoría de la administración de la Junta Departamental que solicitó al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) hace casi un año. Explicó que ese informe es “imprescindible como probatoria para una acusación con solidez técnica” y sostuvo que la investigación se encuentra enlentecida debido a “los tiempos internos de ese organismo de contralor”, según consignó el periodista Carlos Peláez en Caras y Caretas. A la vez, el fiscal advirtió que de esa auditoría “podrían surgir nuevos delitos, otros hechos delictivos y más ediles imputados”, informó.
El juez Juan Manuel Cabrera aceptó los argumentos del fiscal y le concedió la prórroga máxima para investigar, establecida por el artículo 265 del Código del Proceso Penal (CPP). Además, exhortó al TCR a enviar una copia autenticada del expediente electrónico de la auditoría, como máximo, dentro de 20 días.
“Tengo la obligación de investigar si hubo más delitos”, dijo Vaz
La defensa de Infante, a cargo de los abogados Federico Graña y Nicolás Pereira, objetó la prórroga de la investigación judicial. Graña sostuvo que el pedido del fiscal carece de “fundamento legal” y afirmó que su cliente ha estado “sometido al escarnio público”, pese a que “es inocente” de los cargos que se le imputan. Luego ratificó, entrevistado en FM Gente, su convicción de que el informe del TCR “no tiene potencialidad para variar nada de lo que ya existe en la carpeta investigativa”, por lo cual entiende que “no se justifica” extender el plazo de la investigación.
“Tengo la obligación de investigar a fondo y eso es lo que estoy haciendo”, dijo a la diaria el fiscal Jorge Vaz. Para el caso de Infante, remarcó que las dos facturas a las que accedió a partir de las denuncias presentadas primero por el periodista Jorge Bonica y luego por el Frente Amplio de Maldonado, evidencian maniobras delictivas con fondos públicos. Sin embargo, observó que “son una ínfima parte, un 0,5 por ciento” de los gastos que el expresidente ordenó durante su año de gestión.
“Por lo que vi en la investigación, el sistema de la Junta Departamental es un caos. En realidad, la palabra exacta es ‘mentira’. Son maniobras para evadir la normativa sobre contrataciones públicas y utilizar dinero público con fines personales. Eso es abuso de funciones y en un año puede haber otras operaciones mediante contrataciones ficticias para hacer lo que quiera con ese dinero”, advirtió.
Remarcó que su obligación es “ir a fondo, investigar si hubo más delitos”, mandatado por el artículo 256.2 del Código del Proceso Penal (CPP). “Cuando el fiscal tome conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, deberá disponer las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme a lo dispuesto en este Código”, dice ese artículo. Y Vaz entiende que el informe que el TCR ha demorado, por causas que también pretende establecer, es clave para cumplir ese mandato.
Otras presidencias en la mira del fiscal
Con esa tesitura, el fiscal pretende investigar las contrataciones públicas autorizadas por todos los presidentes del período pasado. “Claramente, los presidentes tienen gran responsabilidad porque son los que aprueban las contrataciones, pero no me refiero a investigar a personas en concreto, sino a investigar las contrataciones de la institución”, puntualizó.
Su objetivo es “ir a fondo en un período determinado” y el informe que pidió al TCR es “el principal insumo” para recorrer ese camino, porque la Fiscalía “no tiene capacidad logística” para hacer una auditoría, comentó. La hoja de ruta implica “determinar si surgen irregularidades y, en tal caso, determinar si pueden encartar en delito o no. Luego, si hay delitos, ver quiénes son los responsables”, para lo cual podría pedir levantamiento de secretos bancarios, información tributaria y declaraciones, entre otras actuaciones.
Por lo expuesto, Vaz no identificó a ninguno de los ediles que presidieron la Junta entre 2020 y 2025. La galería de presidentes indica que, además de Correa, Sánchez e Infante ejercieron ese cargo el edil Adolfo Varela (julio a noviembre de 2020), el actual alcalde del Municipio de Maldonado, Damián Tort, (noviembre de 2021 a noviembre de 2022) y la edila Verónica Robaina, que asumió tras Infante el 27 de noviembre de 2024 y fue reelecta hasta el 15 de julio pasado.
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