Al otro día de que se conociera que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentará una denuncia penal y el inicio de un sumario contra el exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado Jorge Curbelo por presuntas irregularidades, Curbelo afirmó este martes en un comunicado que “una vez más estaría tomando conocimiento a través de un medio de comunicación de decisiones y actuaciones que me afectan directamente y cuyo contenido no me había sido comunicado previamente”.
Sostuvo que, de confirmarse las medidas, “ratificaría la existencia de una acción de comunicación orientada a desprestigiarme a mí, a mi labor como servidor público y al humilde aporte que he efectuado para la solidificación de un proyecto serio y solidario como el Hemocentro de Maldonado”.
Por otra parte, indica que “los más básicos derechos de cualquier ciudadano me fueron retaceados o directamente arrancados” y lo ejemplifica con que fue cesado en abril “sin una investigación previa, alegando genéricas razones de servicio” y, ante la reacción generada por dicha decisión, según indica, “se optó por montar una investigación que, desde un comienzo, estuvo viciada en su fin y en sus formas”, y busca “generar argumentos que sustenten, tardíamente, la decisión tomada”.
Curbelo señala que aún desconoce “de qué se me acusa formalmente” y que tampoco pudo acceder a “los antecedentes sobre los que se basa la investigación”, aunque recalcó que los solicitó. También cuestionó que “no se me permitió siquiera ingresar con mi abogado, como sucede con cualquier acusado, y tampoco se respondió, antes de las audiencias, a mi pedido de contar con estas garantías mínimas reconocidas por los instrumentos de protección de los derechos humanos que ha ratificado nuestro país”. Pese a no contar con las garantías de defensa, afirmó: “Comparecí y declaré lealmente”.
“Lo hecho hasta ahora es nulo, y las autoridades seguramente sean conscientes de eso. Pese a ello, no solo no se detienen, sino que si se confirma lo que se informa, estarían embistiendo con mayor crudeza”, señala en el comunicado. Asimismo, subraya que fue convocado como “testigo” en una investigación “desarrollada a todas luces para inculparme, en contra de lo que disponen las propias reglas de procedimiento de ASSE”.
“Más allá del notorio daño reputacional, patrimonial y moral que me causan estas actuaciones ilegítimas, el daño más notorio se infiere al Estado de derecho, cuando los más básicos derechos de cualquier ciudadano son retaceados por quienes ocasionalmente ocupan puestos de decisión política”. Por último, asegura: “Mi gestión fue transparente y orientada siempre a la protección de los bienes de la comunidad, con un servicio dedicado y certificado por entidades independientes por sus altos estándares de calidad. En esa tranquilidad espero la oportunidad de defenderme, como no me fue permitido hasta ahora”.
