El desalojo de Ivana Guattini y sus tres hijas de la casa donde vivían en Playa Hermosa, a instancias de la familia paterna de dos de las niñas, moviliza a vecinos y vecinas del balneario y al colectivo Feministas Comunitarias de Piriápolis, para quienes la Justicia no tuvo en cuenta “la vulneración de los derechos de las infancias” y tampoco las leyes que habilitan a postergar los lanzamientos por razones de fuerza mayor, en un caso donde además observan “un historial de violencia de género”.
Casi medio centenar de personas se congregaron frente a la vivienda, en la mañana del lunes 7, para respaldar y acompañar a la jefa de hogar durante el desalojo, en el corolario de un litigio iniciado hace cinco años por el padre de las niñas ante el juzgado letrado de sexto turno de Maldonado, a cargo de la magistrada Graciela Tuberosa. “Ustedes pueden tener la tierra; Ivana tiene cariño y apoyo. Eso no se compra”, decía un cartel camino a la casa, en cuyas inmediaciones se amontonaron las camionetas y autos que sirvieron para la mudanza.
Durante una hora, mientras esperaban la llegada del alguacil y la policía, vecinos y vecinas conversaron para que todo el lanzamiento transcurriera de manera pacífica, sobre todo considerando que además de las niñas de la casa había en el grupo varias compañeras de escuela y de liceo, relataron a la diaria Andrea Graña y Virginia Cordovés Bella, referentes de Feministas Comunitarias. Aunque inicialmente fue “shockeante” ver llegar casi diez policías, varios de ellos encapuchados y armados, la tensión menguó cuando el oficial a cargo dispersó al personal hacia el otro lado de la calle mientras los vecinos trajinaban cargando las cosas de la casa.
“Grave vulneración de derechos”, según la comunidad
“Es el final de un proceso de desalojo; un padre que lanza a la calle a sus hijas menores, liberando un inmueble que es de su propiedad sin darles antes una vivienda alternativa, incumpliendo lo que exige el artículo 87-1 de la Ley 14.219”, dijo el vecino y abogado Diego Traversa, quien asumió la defensa de Ivana de manera honoraria, al semanario La Prensa. “El padre no les ha dado esa vivienda alternativa y, lo más preocupante, es que la Justicia no le haya exigido que así sea. No se expresó sobre el punto, aunque se lo pedimos en reiteradas oportunidades”, agregó.
Por otra parte, Traversa había invocado el artículo 8 de la Ley 15.301, que habilita a prorrogar el lanzamiento hasta por 120 días por “razones de fuerza mayor”, que en este caso aplicaba porque había menores de 14 años residiendo en el inmueble y porque la ejecución se da en los meses de invierno. Pero Tuberosa tampoco hizo lugar a ese pedido: “Tenemos una jueza que ha decidido no proteger a las niñas de nuestro pueblo cuando hay una norma que la mandata a ello”, cuestionó el abogado.
Durante el fin de semana, ante el inevitable lanzamiento, vecinos y vecinas se reunieron para evaluar acciones de respaldo y dar visibilidad al caso. El domingo, luego de conseguir un monoambiente para que la familia se aloje de manera transitoria a cambio de un módico alquiler, emitieron un comunicado: “Hacemos un llamado a la solidaridad y a la reflexión ante una situación de gravedad y vulneración de derechos que afecta a tres niñas y a una madre de nuestro pueblo”, dice el encabezado.
Tras mencionar las disposiciones legales que la jueza no contempló, enfatizaron que la familia construyó “sólidos vínculos de vecindad y pertenencia en la zona” durante los 13 años que habitó la casa a ser “sustraída”. Enfatizaron, también, que “las niñas se han arraigado al lugar y han generado lazos de amistad y referencia a través de su asistencia a la escuela pública del barrio”, pero “nada de esto ha sido tenido en cuenta”.
Cordovés y Graña aportaron a la diaria una mirada más compleja aún. Señalaron que existe un “un historial de violencia que viene de años”, que se sustanció en un juzgado de Familia y que la jueza tampoco consideró al dictaminar el lanzamiento. A esto sumaron la “afectación emocional” que implica ser alejadas del hogar que Ivana construyó cuando estaba con el padre de las niñas, “poniendo al 100% su fuerza de trabajo” mientras él aportaba los materiales, y la “violencia económica” que la obligará a tomar más tareas de limpieza para cubrir un alquiler que no estaba en el presupuesto familiar.
“Si el padre no se hace responsable, debe hacerlo el Estado”
Virginia cuestionó que, “aun siendo interpelada durante años por la situación de las menores, la jueza respondió apegada al lugar que le dan nuestro marco legal y social a la propiedad privada, omitiendo por completo el historial de violencia y la vulneración de derechos de las infancias”. Andrea, en tanto, enfatizó que “no es la mamá quien tiene que resolver”. Entiende que “el Estado debe exigirle al padre que cumpla con la responsabilidad de compensar a sus hijas con una vivienda decorosa, por la casa que les quitó, como establece la ley”. Y si el padre no cumple, “el Estado debe hacerse cargo desde sus organismos”, remarcó.
En esa línea, la comunidad comenzó a sondear programas de vivienda o subsidio de alquileres entre distintos organismos públicos en busca de “una solución definitiva”. Entretanto, vecinos y vecinas están dispuestos a desarrollar campañas de recolección de fondos para contribuir a la economía doméstica.
Por último, Cordovés y Graña coincidieron al señalar la importancia de dar visibilidad al caso y en destacar que toda la comunidad se unió para “generar una red” de contención. Estiman que, al conocer lo ocurrido con Ivana, “pueden emerger otras situaciones de mujeres que pasan por cosas similares”. Recordaron que el colectivo Feministas Comunitarias, que en este caso contribuyó a divulgar la situación, es un espacio donde encontrar compañía y asesoramiento. Desde ese lugar, dijeron, vienen atendiendo diversos casos, sobre todo para “exigir que el Estado cumpla con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y sus familias”.