En la sesión del 23 de junio, la unanimidad de los ediles de la Junta de Maldonado declaró “secretas” parte de las actuaciones desarrolladas por la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de ese órgano que, desde semanas antes, trabajaba en torno a aparentes irregularidades en la cárcel regional de Las Rosas. Dentro del secreto quedó una nota que los ediles enviaron ese mismo día a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y a la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, cargo que en ese momento estaba vacante y que esta semana fue asignado a Daniel Radío, y una versión taquigráfica de la sesión de la comisión correspondiente al 3 de junio.
Los ediles habían realizado una recorrida por el centro carcelario en mayo, además de reunirse con trabajadores y familiares de los privados de libertad y entrevistarse con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otras acciones. Amparados en el secreto declarado sobre el caso, integrantes de la comisión consultados por la diaria declinaron detallar los hechos denunciados ante los organismos nacionales. Desde la INDDHH, en tanto, se indicó que el directorio había optado por “dar la derecha” sobre el tema al comisionado parlamentario, razón por la cual rechazaron informar sobre el tenor de las denuncias de los ediles y las acciones a tomar.
Este viernes, el semanario Brecha informa que, tras evaluar el caso, el 7 de julio la INDDHH resolvió elevar a la Fiscalía General de la Nación la denuncia planteada por los ediles, “aunque este organismo todavía no le ha asignado el caso a ninguna fiscalía ni definido si pasará o no al ámbito penal”. Agrega el artículo que los ediles advirtieron, entre otros elementos, sobre “la venta de drogas dentro de la unidad penitenciaria, que funciona bajo el conocimiento y aun con la colaboración de funcionarios, algunos de ellos, incluso, identificados en el documento”. Paralelamente, pidieron que se investiguen dos muertes no violentas que ocurrieron bajo custodia este año, presuntamente por la incorrecta atención de patologías médicas.
Por otra parte, esta semana la INDDHH sumó a los hechos elevados a la Fiscalía una denuncia de familiares y allegados a personas privadas de libertad por vulneraciones de derechos durante una requisa realizada en el sector masculino de la cárcel, el 3 de julio. Consigna el semanario que el colectivo Cárceles de Todo Uruguay, integrado por familiares de personas privadas de libertad de distintos centros, divulgó que los reclusos fueron obligados a salir en ropa interior de sus celdas, que se destruyeron sus objetos personales, y se los agredió con golpes y gas pimienta, lo que provocó lesiones y posibles fracturas en algunos casos.
- Leé más sobre esto: Feministas de Maldonado accionan contra “pérdida de derechos” y “hacinamiento” de las privadas de libertad en Las Rosas
Preocupación de larga data
Antes de declarar el secreto de sus actuaciones, algunos ediles dijeron a medios locales que les preocupan las violaciones a los derechos humanos en la unidad penitenciaria y el consabido hacinamiento de la cárcel (que en 2012 fue reinaugurada como un “modelo de rehabilitación” y comenzó a recibir presos de la región), además de exponer la constante salida de liberados que, sin chances de regresar a sus departamentos de origen o revincularse con la sociedad, terminan engrosando la lista de las personas en situación de calle.
Tal extremo fue confirmado días atrás por el diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, quien el viernes 10 recorrió la unidad junto a otros integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento y del Instituto Nacional de Rehabilitación. El legislador advirtió sobre los problemas de hacinamiento en una cárcel originalmente diseñada para 500 reclusos, que ahora alberga a casi 1.300. Sin embargo, no mencionó presuntos hechos de corrupción ni las graves denuncias del colectivo Cárceles de Todo Uruguay.
Según Brecha, la visita de la comisión parlamentaria respondió a planteos que recibió el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios sobre la “grave situación edilicia y humana” que sufren tanto reclusos como funcionarios. El dirigente Germán Gutiérrez dijo al semanario que urge reformar el centro, especialmente en el aspecto sanitario, y que el gremio evalúa solicitar un recurso de habeas corpus para obligar a las autoridades a tomar acciones inmediatas.
La situación de hacinamiento y las condiciones infrahumanas de reclusión en la Unidad N° 13 han sido consignadas en los sucesivos informes anuales que realizó el excomisionado penitenciario Juan Miguel Petit. A modo de ejemplo, en su informe de 2024 indicó que el nivel de hacinamiento era “crítico”, con una densidad de ocupación en promedio de 164%. Aunque la superpoblación está en aumento desde 2018, advirtió que no es acompañada por un incremento de recursos humanos y materiales, “siendo notoria la caída en el número total de funcionarios”.
