La Justicia de Crimen Organizado se expidió este viernes sobre el inmobiliario Paulo Álvez y su esposa Elenora Rodríguez –propietarios de la inmobiliaria de Piriápolis que vendía terrenos de Punta Negra con documentación falsa– detenidos el jueves en el aeropuerto de Carrasco tras su arribo desde Brasil.
El empresario fue imputado “por un delito de asociación para delinquir, en reiteración real con dos delitos de uso de documento público falso, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa”, informó la Fiscalía General de la Nación.
Se le impuso arresto domiciliario total por 90 días, con uso de tobillera electrónica, cierre de fronteras, retención de documentos de viaje y prohibición de comunicación con las demás personas mencionadas en la investigación.
En tanto, su esposa fue condenada mediante proceso abreviado por “un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de estafa, en calidad de coautora”. Deberá cumplir una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
Por otra parte, una escribana que participó en las maniobras con los terrenos se encuentra en el exterior y será detenida el domingo cuando llegue a Montevideo, informó El País. El medio agregó que la suegra de Álvez fue desvinculada del caso, “ya que participó en una venta que no se llegó a concretar”.
La causa tiene otras dos personas que ya habían sido condenadas por “un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, estos últimos en calidad de coautores”. La pena para ambas es de 18 meses de prisión, en régimen de libertad a prueba.
Entre las condiciones impuestas se establecieron la “presentación semanal ante la seccional policial correspondiente, prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario nocturno durante tres meses y cierre de fronteras durante el período de la condena”, detalló la Fiscalía.
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Diputado Echeverría deslindó vínculo con los imputados
El diputado Diego Echeverría restó trascendencia al hecho de que varios de los imputados por la venta ilegal de terrenos en Punta Negra integraran una de las listas que llevó su precandidatura a la Intendencia de Maldonado en las elecciones internas del Partido Nacional en 2024.
En diálogo con la diaria, el legislador afirmó que desconoce “en detalle” quiénes son los implicados en la red delictiva y que desde aquella instancia no tiene ningún vínculo político con Alicia Pimentel, la titular de la 133 –que integraron tres de los imputados– y que además es familiar de otros dos implicados en la red delictiva.
Echeverría dijo que la lista 133 fue una entre las 21 que acompañaron su precandidatura y que no tuvo ninguna participación en la definición de sus integrantes. Añadió que la confección de las listas está a cargo de cada agrupación y que ningún político investiga quién es o a qué se dedica cada persona o cuál es su relación con el titular.
También mencionó que, tras las internas, Pimentel se alineó con otros dirigentes del Partido Nacional agrupados en torno a la lista 22 de Miguel Plada (actual suplente del intendente Miguel Abella y jerarca de la comuna). De todas maneras, el legislador cuestionó que el caso de las maniobras con los terrenos trascienda “por lo político y no por lo judicial”.
En ese contexto, vale recordar que en 2021 Echeverría presentó un proyecto de ley para fortalecer el combate a las usurpaciones de terrenos, a partir de casos detectados en los balnearios de la zona oeste del departamento.
No obstante, aseguró a la diaria que nunca habló de esos temas con Paulo Álvez o con personas vinculadas a la inmobiliaria homónima que, como demostró la investigación, se hacían pasar por propietarios de terrenos en Punta Negra para desalojar a sus ocupantes.
