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Maldonado Justicia
Terrenos de Punta Negra. (Archivo, julio de 2022) · Foto: Virginia Martínez  Díaz

Terrenos de Punta Negra. (Archivo, julio de 2022)

Foto: Virginia Martínez Díaz

Crimen organizado desarticuló una red que se apropiaba de terrenos en Punta Negra y los vendía usando documentos falsos

Hay dos imputados y dos condenados y se espera la detención de otros cuatro, entre estos el dueño de una inmobiliaria en Piriápolis y parte de su familia.

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, imputó a dos personas y condenó a otras dos por integrar una organización delictiva dedicada a la venta ilegal de terrenos en Punta Negra (Piriápolis). En tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, libró una orden de detención para otras cuatro personas y constató el fallecimiento de un quinto participante, informó este miércoles El País.

La investigación comenzó a raíz de una actuación administrativa de la Intendencia de Maldonado en junio de 2019, que luego derivó en acciones penales. Determinó que la red identificaba terrenos de propietarios argentinos fallecidos o ausentes y que luego utilizaba el sello de un escribano fallecido y falsificó una firma para emitir poderes falsos de propiedad.

Con esto, simulaban compraventas entre los mismos integrantes del grupo a valores nulos o mínimos, para luego vender los predios a terceros compradores de buena fe a través de una inmobiliaria ubicada en Piriápolis. El dueño de la inmobiliaria, su esposa, su suegra y una escribana se encuentran requeridos por la Justicia.

Dos imputados y dos condenados

Un empleado de la inmobiliaria, que según la investigación se encargaba de captar terrenos y se había pasar por propietario para expulsar a ocupantes mediante amenazas –incluso de embargo– fue imputado por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa.

La persona que facilitó el sello y la documentación del escribano fallecido fue imputada por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa. Ambos irán a juicio oral público.

Aunque la fiscalía solicitó su prisión preventiva por 90 días, cumplirán arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta el 22 de diciembre, con prohibición de comunicarse con otros involucrados.

Por otra parte, una mujer y su pareja, quienes participaron en operaciones puntuales de la maniobra, alcanzaron un acuerdo abreviado con la fiscalía. Ambos fueron condenados por asociación para delinquir y estafa a 18 meses de libertad a prueba.