El diputado nacionalista Diego Echeverría presentó un proyecto de ley para “combatir” las ocupaciones ilegales, el cual, según señalaron fuentes del herrerismo, fue redactado en consenso con los ministerios del Interior, de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de Ambiente, luego de una ronda de reuniones del legislador con jerarcas de esas secretarías de Estado.

En la exposición de motivos del proyecto, Echeverría argumenta que “en los últimos tiempos en nuestro país hemos sido testigos de un crecimiento de las ocupaciones ilegales, con las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica”, y que “la ocupación ilegal de un inmueble no sólo es un avasallamiento de la propiedad privada, sino que es un ataque a las normas de convivencia y respeto que deben primar en una sociedad”.

“La ocupación ilegal no sólo es una vulneración a la propiedad sino que también lo es al ordenamiento territorial y al medioambiente, razón por la cual se debe legislar en la materia, dotando de herramientas al Estado para combatir este flagelo. Como sociedad no se puede naturalizar este tipo de comportamientos, tampoco se puede ver con permisividad o tolerancia. Se debe actuar con rapidez, firmeza y transparencia, con acciones legales rápidas que no permitan avanzar estos fenómenos, donde el tiempo, a veces cuestión de horas, pueden hacer la diferencia”, manifiesta Echeverría en la iniciativa.

El proyecto establece la legitimidad del Poder Ejecutivo o las intendencias departamentales para entablar una acción judicial –“solicitar diligencia preparatoria, inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y demás”–, así como solicitar medidas cautelares, prohibiciones de innovar, formar asentamientos, loteo, fraccionamientos u otro tipo de modificaciones de ordenamiento territorial no autorizadas. También les otorga la potestad de entablar acciones judiciales ante infracciones que recaigan sobre bienes de propiedad privada.

En caso de infracciones a la normativa de ordenamiento territorial que recaigan sobre bienes de dominio público o fiscal, y una vez que el acto administrativo sea definitivo, las intendencias o el Poder Ejecutivo podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para su ejecución, es decir, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

Si existiera resistencia por parte del infractor, el proyecto habilita a solicitar el auxilio de la fuerza pública y si recayera sobre un hogar, en caso de oposición, se solicitará orden escrita al Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia en materia civil para ejecutar el acto administrativo definitivo, “lo que se resolverá sin más trámite y se cometerá al alguacil, quien deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin necesidad de nuevo mandato judicial, en caso de continuar la resistencia”.

Nada nuevo bajo el sol

El abogado Juan Ceretta, del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, consideró que el proyecto presentado por Echeverría es poco novedoso, aunque reconoció que “es bueno” desde el punto de vista “filosófico” en cuanto a que “reconoce que estas cuestiones deben dilucidarse en la órbita civil y no en la penal: que en lugar de discutir en Fiscalía con la gente presa se discuta en un juzgado civil”, dijo en diálogo con la diaria.

Aparte de eso, opinó que no contiene “nada innovador” respecto de lo que ya establece la Ley 18.308 –Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible–, que en su artículo 69 –que esta iniciativa deroga en parte– establece “algo bastante parecido a lo que plantea el proyecto”, en el sentido de dar potestades a los gobiernos departamentales de “policía territorial”, aunque destacó que “nunca se usó mucho”.

Por otro lado, resaltó que “los institutos procesales que se mencionan ya existen: la posibilidad de pedir medidas cautelares, de pedir diligencia preparatoria, la acción de amparo, todo existe”. Lo único novedoso, apuntó, “es la obligación de los jueces civiles de dictar resoluciones a las 48 horas de presentada la demanda o la medida cautelar”, lo cual no existe en la actualidad y para Ceretta no sería “humanamente posible”. “No sé si estaría en consonancia con los derechos que se pretende tutelar; que para tutelar el derecho a la propiedad el juez tenga que dejar todo lo que está haciendo y resolver en 48 horas parece un poco exagerado e impracticable”, reflexionó.

Para el abogado, debido a las escasas innovaciones, la propuesta de Echeverría “parece más que nada un proyecto con una intencionalidad política de dar una señal en contra de las ocupaciones en la zona del este, teniendo en cuenta que se trata de un representante de Maldonado”. “Es bastante habitual en nuestro sistema político que las propuestas legislativas se hagan al golpe del balde sobre lo que se considera un problema actual”, apuntó.