En Quito y otras ciudades y localidades de Ecuador se llevaron adelante este martes protestas contra el gobierno que encabeza Guillermo Lasso, quien asumió el cargo en mayo de este año. Organizaciones sociales, sindicales, indígenas y estudiantiles, protagonizaron las movilizaciones en las que las principales demandas fueron el rechazo al aumento de los combustibles y los cuestionamientos a la llamada Ley de Creación de Oportunidades. Este proyecto de ley intenta menguar la crisis económica que existe en el país, acentuada por la pandemia de coronavirus, pero de acuerdo a centrales sindicales implica una precarización del trabajo.
En cuanto al tema de los combustibles, el alza progresiva de los precios que fue generando un enorme malestar en vastos sectores de la población, porque indirectamente generaron un aumento de los productos básicos, motivó que sobre el final de la semana pasada el neoliberal Lasso decidiera congelar las tarifas. Pero los manifestantes consideran el gesto como insuficiente.
En el marco del estado de excepción que rige en Ecuador desde el 18 de octubre, impuesto por el Ejecutivo con el argumento de combatir el aumento del narcotráfico y de la violencia que esta actividad genera, las movilizaciones de este martes no fueron prohibidas por el gobierno de Lasso —quien de acuerdo a la Constitución tenía en esta situación el derecho a vetarla— aunque sí se fue inflexible con los cortes de ruta que se dispusieron en varios puntos del país.
Hubo algunos incidentes por este tema en la provincia de Guayas, pero la mayor marcha del día ocurrió en la capital, Quito, donde diversas organizaciones se concentraron y marcharon por el centro histórico con la finalidad de llegar al Palacio de Carondelet, la sede del gobierno, pero un fuerte operativo policial lo impidió.
Bloqueo de una carretera que une la costa y las zonas montañosas, este martes, cerca de Zumbahua en Ecuador, durante una protesta contra las políticas económicas del gobierno.
Foto: Rodrigo Buendía, AFP
Según informó Efe, en la céntrica Plaza de Santo Domingo se registró un choque entre manifestantes y policías, que irrumpieron con caballos y motos y además lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que allí se había congregado.
“Sapo Lasso, no al gasolinazo” o “El Gobierno del encuentro no da la cara”, fueron algunas de las consignas que se pudieron ver durante la manifestación realizada en la capital ecuatoriana. De acuerdo a lo que informaron medios locales, la policía detuvo a varias personas durante las protestas e incluso se denunció que algunos manifestantes fueron detenidos por agentes del orden que estaban vestidos de particular.
La cantidad de personas detenidas no fue especificada, pero el reconocido dirigente sindical Mesías Tatamuez, quien actualmente es el presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, pidió al gobierno que libere a todos quienes fueron arrestados en la jornada.
Durante un contacto con medios de prensa consignado por Radio Pichincha, Tatamuez dijo, además: “Aquí no estamos en combate entre ecuatorianos. Aquí los ecuatorianos les decimos al país que esta es una marcha pacífica. No es una marcha como el gobierno creía que íbamos a encender Quito. Por ello le decimos al pueblo ecuatoriano que seguiremos luchando para que se derogue el decreto de los combustibles”.
La situación social en Ecuador es tensa. Además de los problemas ya mencionados, la aparición del nombre del presidente Lasso en los Pandora Papers, que dejaron al descubierto 14 operaciones del mandatario en paraísos fiscales, exacerbaron los ánimos en el país. Si bien Lasso dijo que se deshizo de 11 inversiones antes de 2017 y negó tener vínculos con otras tres empresas mencionadas en la investigación periodística, la noticia impactó sobre la credibilidad del presidente guayaquileño de 65 años, que en abril de este año derrotó en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, candidato afín al expresidente Rafael Correa.
Paralelamente, en el país desde hace largo tiempo existe una profunda crisis en el sistema carcelario, que sólo en lo que va de este año ocasionó la muerte de más de 200 personas en varios centros de reclusión del país.