La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, pedirá el lunes al Congreso el voto de confianza, un requisito para que ella y los ministros del gobierno de Pedro Castillo sigan en su cargo. Después de que Vázquez presente sus políticas de gobierno y las principales medidas que se propone aplicar para cumplirlas, los congresistas deberán pronunciarse. En caso de que voten en contra, Vásquez deberá dejar el cargo, pero si vuelven a rechazar a un primer ministro en este mandato, el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Sin embargo, los legisladores acaban de aprobar una ley que cambia algunas condiciones en este proceso.
Los sectores que apoyan a Castillo denuncian que esta ley busca recortar las potestades del presidente y causar un desequilibrio de poderes en beneficio del Legislativo, por lo cual la consideran inconstitucional. Para la primera ministra, la norma es “lamentable” y el Ejecutivo intentará revertirla, posiblemente ante el Tribunal Constitucional.
Uno de los cambios que introduce esta ley consiste en que el gobierno sólo puede someter al voto de confianza sus políticas, pero no reformas constitucionales, como la que prometió en campaña el presidente, ni asuntos que afecten competencias del Poder Legislativo. Según informó la agencia de noticias Efe, podría llegar a impedir de este modo un cierre del Congreso, pero este sí puede destituir al presidente. Establece que si el Poder Legislativo rechaza la “cuestión de confianza” a un gabinete, sólo el Congreso “puede interpretar el sentido de su decisión”.
Para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, “limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la vacancia [la destitución] presidencial”. Afirmó que “romper el equilibrio de poderes es acabar con la democracia”. También Vásquez señaló que esta norma “podría alterar el principio democrático de balance de poderes, lo cual afecta seriamente al Estado de Derecho”.
Entre los defensores de la ley, aprobada con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, se encuentra el fujimorismo, el principal rival de Castillo. La líder en el Congreso del partido fujimorista, Fuerza Popular, Patricia Juárez, dijo que “lo único” que hace esta la ley es “regresar al equilibrio [de poderes] perdido por la irrupción, amenaza, abuso y prepotencia que, en su momento, hizo el señor [expresidente Martín] Vizcarra”, en referencia a que terminó por disolver el Congreso, en 2019.
Con resistencia
Además de un Congreso con mayoría opositora, el presidente peruano enfrenta otras resistencias fuertes en esta etapa de su mandato. Incluso dentro del partido por el que fue electo, Perú Libre, hay un sector que se niega a darle su voto de confianza al gobierno encabezado por la primera ministra Vásquez, que reemplazó en el cargo a Guido Bellido el 6 de octubre, porque considera que ese Ejecutivo no es fiel a las promesas de campaña de Castillo.
Por otra parte, empresarios que integran la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) coordinan acciones para promover la salida del gobierno, según reveló el medio digital El Foco y publicó también el diario La República. Se reúnen de manera periódica sin cámaras ni celulares, pero El Faro accedió a uno de sus grupos de Whatsapp, la “Cofradía del Pisco”, integrado por varios empresarios, el exministro de Turismo José Luis Silva Martinot, los directivos de la SNI Magali Simon Kassis y Bruno Alecchi Ciamarra, y en el que supuestamente aparece mencionado el presidente de esa sociedad empresarial, Ricardo Márquez.
El exministro afirmó en el chat que el objetivo para “salvar la democracia” es “vacar al comunismo”, es decir, recurrir a la vacancia, la destitución del presidente. Consultado por el periódico peruano, Silva dijo que no haría declaraciones al respecto porque “son cuestiones absurdas que no tienen ningún sustento”.
Una de las estrategias del grupo, según las conversaciones difundidas, es promover un paro de transporte de carga contra el gobierno. En uno de los encuentros, llegaron a un acuerdo para que cada uno de los 12 empresarios del grupo aportara 1.000 dólares para apoyar el paro previsto para el 8 de noviembre, y en la conversación Alecchi le preguntó a un tal Ricardo –que supuestamente sería el presidente de la SNI– cómo iban las coordinaciones para esa jornada.
Otro de los actores que tiene en contra el gobierno de Castillo es una ultraderecha movilizada, que todavía insiste, sin pruebas, en que hubo fraude en la segunda vuelta en la que derrotó a Keiko Fujimori. Por eso, cuando el presidente que precedió a Castillo, Francisco Sagasti, presentó un libro esta semana y firmó ejemplares en una librería de Lima, un grupo violento denominado La Resistencia, con vínculos con el fujimorismo, llevó adelante una de sus manifestaciones.
Con insultos lanzados mediante gritos y megáfonos, interrumpió el encuentro y Sagasti tuvo que retirarse con custodia policial, de acuerdo con Efe. “Creo que estamos en un punto en que la Fiscalía de la Nación tiene que actuar de oficio”, dijo Sagasti a Radio Programas del Perú, y recordó que “no es la primera vez” que el grupo ultraderechista actúa de este modo, sino que esos manifestantes tienen “todo un historial a lo largo de los últimos años y meses”.