En una entrevista con el diario chileno La Tercera, el escritor nicaragüense y exdirigente sandinista Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del país durante el primer mandato de Daniel Ortega, entre 1985 y 1990, expresó que “sería un error gravísimo de la comunidad internacional darles algún sesgo de legitimidad” a las elecciones presidenciales que se realizarán el 7 de noviembre en el país centroamericano, en las que el actual mandatario buscará su tercera reelección consecutiva.
“Yo sé que la crisis de Nicaragua no se va a resolver fuera de las fronteras, pero si la comunidad internacional vacila en decir que hay que reconocer a Ortega en el poder sería un error, porque sería reconocer elecciones donde todas las reglas electorales están siendo burladas”, expresó Ramírez, de 79 años, quien actualmente se encuentra exiliado en Madrid.
Sobre Ramírez, premio Cervantes en 2017, pesa una orden de detención por parte de la Fiscalía nicaragüense, que lo acusa de conspiración y lavado de dinero, los mismos cargos por los cuales fueron encarcelados decenas de dirigentes políticos desde junio, entre ellos todos los que representaban algún desafío para Ortega en su camino a la reelección. Sobre el proceso electoral de noviembre, Ramírez dijo que “son unas elecciones en las que los candidatos verdaderos están presos y los de mentira van a querer legitimar al Frente Sandinista como partido único del país”. Agregó además que Ortega decidió acelerar su escalada represiva cuando anunció su candidatura Cristiana Chamorro –hija de la expresidenta Violeta Chamorro–, quien realmente estaba en condiciones de ganarle las elecciones.
“El hecho de pensar que tenía que entregarle la banda presidencial a la hija de doña Violeta Barrios de Chamorro, a la que ya se la había entregado antes, lo llenó de mucho temor”, expresó Ramírez.
El exdirigente sandinista dijo también que de la revolución que él protagonizó, que terminó con la dictadura de Anastasio Somoza, ya no queda nada: “Nicaragua es un país muy joven, 70% de los habitantes tiene menos de 30 años. Para los jóvenes es un mal recuerdo o no lo recuerdan del todo. Y para los que salieron a las calles a protestar en abril de 2018 la elección no es izquierda o derecha, sino dictadura o democracia. Entonces, los jóvenes lo que quieren es vivir en libertad, en un país de instituciones normales, de respeto a los derechos humanos. Me parece que el asunto ideológico no es que haya desaparecido, pero no ha estado de por medio”.
Pero además de Ramírez, en los últimos días otros actores sociales reclamaron por el no reconocimiento de las elecciones de Nicaragua.
Tal es el caso del Movimiento Campesino nicaragüense, que el viernes hizo un acto en las afueras de la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en San José, la capital de Costa Rica, para demandar al organismo regional más presión contra el proceso electoral.
“Venimos aquí para decirles que en Nicaragua no hay proceso electoral, y lo que habrá el 7 de noviembre será un circo, una vergüenza, y que el pueblo digno no participará”, se afirma en el pronunciamiento del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lagos y Soberanía, conocido también como Movimiento Campesino, dirigido a la OEA.
De acuerdo a lo que informó el portal nicaragüense Confidencial, los manifestantes exigieron además la libertad de todos los presos políticos e hicieron un llamado a la comunidad internacional a no permitir que en Nicaragua se violen los derechos ciudadanos.
La líder campesina nicaragüense Francisca Ramírez estuvo presente en la movilización realizada en la capital costarricense y declaró que continuarán demandando justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los daños y perjuicios cometidos contra la comunidad campesina por parte del gobierno de Nicaragua y el empresario chino Wang Jing, socio de Ortega en el fallido proyecto del canal interoceánico, que pretendía crear otro pasaje entre los océanos Atlántico y Pacífico, además del Canal de Panamá.
En 2013, campesinos nicaragüenses se organizaron en el Movimiento Campesino Anticanal, en rechazo a la Ley 840 o “ley canalera”, que permitía al magnate chino expropiar todas las tierras que fueran necesarias para construir el canal interoceánico en suelo nicaragüense, proyecto que finalmente quedó sin efecto. “Eso era una estafa, pero los campesinos no nos dejamos estafar. Logramos que no se nos quitara ni una cuarta de tierra”, expresó la líder campesina exiliada en Costa Rica.