La sociedad hondureña se dirige a uno de los procesos electorales más importantes y polarizados de su historia. El viejo bipartidismo, útil a distintos sectores de la burguesía nacional, gobernó sin oposición durante casi un siglo. Tras el golpe de Estado de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya nació el Partido Libertad y Refundación (Libre) que, junto con el Partido Nacional, lidera las encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones generales de noviembre.
Con el golpe de Estado de 2009, Honduras ingresó por la fuerza en un camino de profundización neoliberal, de penetración del crimen organizado en las instituciones públicas y de creciente autoritarismo y militarización de la sociedad. El corolario de este proceso tuvo como base un reacomodamiento de clase en el interior de la burguesía nacional. Los sectores ligados al sistema bancario, las telecomunicaciones, la energía y los servicios saltaron rápidamente a la palestra, capitalizando su poder en alianza con las élites políticas cleptocráticas del país. Para muchos, la clase política ha sido, de hecho, la operaria en el gobierno de este sector del mundo empresarial.
Las cifras de crecimiento económico evidencian que, entre 2006 y 2019, los sectores productivos asociados al golpe de Estado vivieron un despegue económico sin precedentes. El sector financiero, así como los de comunicaciones, transporte, almacenamiento, electricidad y distribución de agua, obtuvieron crecimientos de alrededor de 100%, además de haber concentrado los mayores flujos de inversión extranjera. Si a esto se le añade que recientes informes ubican el costo de la corrupción en Honduras en alrededor de 12% del producto interno bruto, se vislumbra que el reajuste en la política económica del país está orientado a beneficiar a los sectores productivos y políticos mencionados. El acuerdo principal entre este sector emergente de la burguesía y las élites políticas ha debilitado las instituciones públicas. La corrupción y la impunidad se han apoderado del panorama político y social del país.
Benedicte Bull, directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina, se pregunta: “¿Qué es fuerte cuando las instituciones son débiles?”. Y afirma: “En el Triángulo Norte, en particular, la respuesta son las redes de las élites y su control, así como su competencia por ese control”. Al planteo de Bull se le debe sumar la creciente presencia del crimen organizado. Tal como afirma el historiador Darío Euraque, “en la década posterior al golpe de Estado parece ser que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes transnacionales”. Este pacto se complementa con la promoción de políticas económicas de expolio, extractivismo y rentas para los sectores mencionados, con el Ejército y la Iglesia evangélica como defensores y promotores del modelo.
La concentración de poder en el Ejecutivo y los retrocesos democráticos asociados a ella han sido la marca política más evidente del pacto de élites. Con la pandemia de covid-19, ese proceso consiguió, además, una fuerte agudización, en tanto la situación sanitaria ha operado como una justificación para mayores dosis de autoritarismo, un aumento de la presencia militar, restricciones de derechos y cierre de espacios democráticos, entre otras violaciones de derechos humanos.
Escenarios electorales
Los sondeos de opinión demuestran una persistente y creciente desconfianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos y en el sistema de justicia. Además, se evidencian similares actitudes frente a otros actores sociales como las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la población parece mantener las esperanzas en transformaciones futuras. La oposición a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (las ZEDE son divisiones administrativas cuestionadas por la posibilidad de que promuevan privatizaciones de servicios públicos) demuestra la existencia de una potente fuerza territorial que resiste las políticas neoliberales y al autoritarismo.
De igual forma, se han alcanzado modificaciones políticas y reformas electorales que, aun siendo parciales, revisten importancia. La participación del principal partido de oposición en varios órganos electorales y la aprobación de una nueva Ley Electoral dan cuenta de ello. Frente a este escenario, las fuerzas que buscan la continuidad del proyecto neoliberal-autoritario incentivan la violencia y la polarización política, con miras a generar inestabilidad e, incluso, un golpe de Estado: entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 se contabilizaron 35 casos de violencia política según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El panorama de cara a las elecciones de noviembre muestra a dos grandes bloques en disputa representados por los principales contendientes, el Partido Nacional y el Partido Libre. El “bloque de la continuidad” del proyecto neoliberal-autoritario es liderado por el Partido Nacional, que oficia de expresión electoral de la élite cleptocrática, que ha fungido como operaria política de la burguesía emergente que encontró un espacio adecuado para consolidarse política y económicamente luego del golpe de Estado de 2009. Este bloque es apoyado férreamente por las Fuerzas Armadas, iglesias evangélicas y medios de comunicación hegemónicos, a los que ha beneficiado a lo largo de la última década. Cuenta con recursos públicos y privados para ejercer su influencia (dinero, estructuras clientelares y partidarias, instituciones públicas, facilidades legales), así como con apoyos desde Estados Unidos. A pesar de que tanto el actual presidente como el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, son señalados en casos de corrupción y narcotráfico a gran escala, no han recibido ningún tipo de censura o sanciones, como sí ha sucedido en otros países no afines a la política regional estadounidense.
El bloque opositor (o “bloque de la ruptura autoritaria-neoliberal”) está conformado por los actores sociales afectados por el modelo instaurado tras el golpe de Estado. Su articulación se ha producido, fundamentalmente, en movimientos sociales y territoriales que mantienen una alianza coyuntural con el Partido Libre, fundado por Manuel Zelaya tras ser depuesto en el golpe de Estado de 2009. Con la candidatura de Xiomara Castro, Libre postula un “nuevo modelo económico” y lo que llama una “refundación del Estado”. Dentro de este bloque, integrado por movimientos sociales y populares, hay, sin embargo, diferencias en los modos en que se piensa la ejecución de ese nuevo modelo. A este bloque se acercan amplios sectores de la sociedad civil, de la academia pública y numerosos “católicos de base” que pugnan por la recuperación de la institucionalidad pública. Los recursos de este espacio son, sin embargo, limitados. Su potencia depende, en buena medida, de la organización territorial y el acceso a medios alternativos de comunicación.
Finalmente, puede mencionarse la existencia de un tercer bloque que se desempeña como pivote en un posible escenario de negociación: el espacio compuesto por sectores de la burguesía tradicional cercanos a los partidos de oposición –fundamentalmente, al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras– que pugnan por la recuperación de las instituciones públicas y la recuperación del Estado de derecho como mecanismos para restablecer la rentabilidad de sus negocios. Estos sectores se oponen, sin embargo, a un proyecto que implique “un modelo económico alternativo” como el propuesto por el “bloque de la ruptura”. Esto los coloca en una arena intermedia, en la que podrían negociar apoyo electoral o apoyo institucional en escenarios de conflictividad o transición.
Hay dos escenarios probables. El primero sería la repetición de lo ocurrido en 2017, con una victoria fraudulenta del Partido Nacional y amplias movilizaciones nacionales de repudio, con la comunidad internacional llamando a repetir las elecciones, pero con la eventual imposición del partido de gobierno. El otro es la victoria de Libre, aunque sin mayoría legislativa. Esto provocaría serios problemas en su agenda de refundación institucional y permitiría al Partido Nacional un boicot sistemático desde el Poder Legislativo y otras instituciones públicas (dado que el siguiente Congreso Nacional elegirá diversos órganos colegiados autónomos). Esto no significa que deban descartarse otros escenarios de alta polarización y violencia política, que deriven en un golpe de Estado o la suspensión del proceso electoral.
Vigilar el respeto de la voluntad popular, apoyar la regeneración de los espacios democráticos y apoyar reformas que permitan mejorar el sistema democrático electoral y la confianza en las instituciones públicas será clave para todos aquellos sectores que buscan recuperar la democracia y las instituciones en Honduras.
Christian Duarte es economista por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y maestrante del posgrado de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre). Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.