El activista y periodista australiano Julian Assange sufrió un derrame cerebral el 27 de octubre mientras participaba en una audiencia judicial por video, según reveló su pareja, Stella Moris, el fin de semana.
Ese día había comenzado el proceso del Tribunal Supremo de Reino Unido para revisar un recurso presentado por Estados Unidos para permitir su extradición a ese país. Finalmente, el viernes la Justicia británica decidió hacer lugar al pedido, abriendo la puerta a que el fundador de Wikileaks sea juzgado en Estados Unidos, desestimando el primer fallo, de enero de 2021, en el que la jueza Vanessa Baraitser rechazaba la extradición bajo el argumento de que el traslado sería sería “opresivo” para la salud mental del periodista y podría inducirlo al suicidio.
Según Moris, luego del 27 de octubre Assange fue sometido a una resonancia magnética y desde entonces está siendo medicado para tratar las lesiones provocadas por el derrame, las cuales incluyen pérdida de memoria, daños neurológicos y la caída del párpado derecho. Entrevistada por el Daily Mail, la mujer dijo: “Miren a los animales atrapados en jaulas en un zoológico. Les acortan la vida. Eso es lo que le está pasando a Julian. Los interminables casos judiciales son extremadamente estresantes mentalmente”.
Añadió que esta situación también se vio estimulada por las condiciones de reclusión en que se encuentra, en una celda donde “le faltaba aire fresco y luz solar, una dieta adecuada y los estímulos que necesita”.
El derrame cerebral sufrido por Assange en la prisión de máxima seguridad de Bellmarsh, donde está recluido desde mayo de 2019, “no es ninguna sorpresa”, dijo el relator especial de las Nacionaes Unidas contra la tortura, Nils Melzer. El jerarca dijo que “Reino Unido lo está torturando literalmente hasta la muerte” y que “a menos que se libere de la presión constante del aislamiento, la arbitrariedad y la persecución, su salud entrará en una espiral descendente que pondrá en peligro su vida”.
Melzer visitó a Assange en Bellmarsh en 2020 y en ese momento constató que el activista presentaba síntomas de tortura psicológica.
En Estados Unidos, a Assange le espera una posible condena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos de los cuales se lo acusa, incluida su participación en el hackeo de Chelsea Manning a las bases de datos del Ejército estadounidense. Esto permitió adquirir información secreta relacionada con las guerras en Afganistán e Irak, que permitieron revelar, tras ser publicadas por Wikileaks, una serie de abusos cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en Medio Oriente. La solicitud de extradición fue presentada por la administración de Donald Trump en 2020 y ratificada por Joe Biden tras el cambio de mando.
Dos días ante de que el Tribunal Supremo de Reino Unido, consciente del derrame cerebral que sufrió Assange en octubre, aceptara el recurso de Estados Unidos para extraditarlo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tuiteó: “En todo el mundo, más de 350 periodistas están actualmente encarcelados por su trabajo, incluido el periodista estadounidense Austin Tice, que está detenido en Siria. Debemos ser implacables para destacar los ataques a periodistas, exigir responsabilidad y trabajar para devolver a los detenidos injustamente”.
Worldwide, more than 350 journalists are currently imprisoned for their work–including American journalist Austin Tice, who is detained in Syria. We must be relentless in shining a spotlight on attacks on journalists, demand accountability, & work to return the unjustly detained.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2021
La resolución del Tribunal Supremo también se tomó a sabiendas de que uno de los principales impulsores de la extradición de Assange, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, era director de la CIA cuando el organismo de inteligencia comenzó a planificar la posibilidad de secuestrar y matar a Assange mientras aún estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, a raíz de la publicación de Wikileaks de “Bóveda 7”, una filtración de datos que revela algunas de las herramientas y métodos de piratería que utilizaba la agencia.
Carta de apoyo
El domingo, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinamericano de Justicia y Democracia publicaron una carta de apoyo a Julian Assange, en la que reclaman su libertad.
La declaración afirma que el fallo judicial favorable a la extradición a Estados Unidos es un “grave error judicial que pone en peligro su vida”, además de una “decisión que sienta graves precedentes en la vulneración del derecho humano a la libre expresión y a la información”.
También se indica que las publicaciones de Wikileaks son “pruebas fehacientes e irrefutables sobre el protagonismo y responsabilidad de políticos, diplomáticos, militares, empresarios, etcétera, principalmente de Estados Unidos, en decisiones y acciones que tuvieron un fuerte impacto en la política interna de diversos Estados a nivel mundial”, pero que “en vez de ser aplaudido, el acto de WikiLeaks desató una serie de castigos que incluyen la judicialización, denigración, desmoralización, estigmatización y criminalización de Assange, privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad para terroristas”.
Entre los firmantes se encuentra los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo.