Diciembre suele ser un mes particularmente agitado en Argentina. Por lo general, la explosión de conflictos que tienden a desarrollarse en el último mes de cada año en este país están focalizados en Buenos Aires. Sin embargo, los problemas este año se trasladaron al sur.
En Chubut, una provincia patagónica con casi 600.000 habitantes cuya ciudad capital es Rawson –localidad situada a casi 1.400 kilómetros de la capital–, rige desde 2003 una ley que prohíbe la actividad minera a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos de producción. Esta normativa fue el resultado de una serie de protestas que se desarrollaron a principios del siglo y que desembocaron en un plebiscito que concluyó con una victoria rotunda de 81% para el No a este tipo de explotación minera, según destaca el medio argentino Cenital.
La ley, pese a la prohibición, establecía un plazo de 120 días desde su promulgación para determinar zonas de exclusión, en las que sí se podría ejercer la explotación de recursos mineros. Sin embargo, esto no se llevó a cabo hasta que el 15 de diciembre, con ese plazo de 120 días finalizado hace más de una década, la Legislatura de Chubut aprobó un proyecto de zonificación que establecía que, en dos departamentos, Gastre y Telsen, sí se podía hacer minería a cielo abierto.
La normativa reciente recibió el respaldo de la industria minera local, pero también hizo regresar los reclamos y las manifestaciones. Al día siguiente de su aprobación, varios grupos contrarios a la minería se manifestaron en Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia, las tres principales ciudades de la provincia, para protestar contra la ley de zonificación. Las manifestaciones fueron multitudinarias y mayormente pacíficas.
Sin embargo, en la capital se produjeron graves incidentes y represión policial. Según informó La Nación el 16 de diciembre, unos 300 manifestantes tiraron abajo vallas, intentaron agredir a los diputados que votaron a favor de la ley, ingresaron al edificio de Casa de Gobierno y llegaron a prender fuego algunas oficinas. La respuesta de la Policía fue disparar con balas de goma a los manifestantes.
Movilización en Esquel, Patagonia, el 20 de diciembre.
Foto: Cecilia Antón
Las protestas se intensificaron cuando comenzaron a circular en redes sociales videos del actual gobernador de Chubut, Mariano Arcioni –integrante del partido Chubut Somos Todos, un sector provincial afín al peronismo–, que envió el proyecto de zonificación a la Legislatura y promulgó la ley, habiendo hecho campaña en contra de la minería, así como un tuit de 2016 en el que manifestaba: “Quiero transmitirles la tranquilidad de que no vamos a dejarnos presionar por nadie. No a la minería”.
Tras los incidentes, Arcioni declaró que no daría marcha atrás con la ley y recibió el apoyo empresarial. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) publicó un comunicado el viernes 17 en el que dijo que Chubut dio “un importante paso para el desarrollo productivo de la región de la meseta” y criticó a los manifestantes, afirmando que los incidentes eran “reacciones de grupos violentos que no respetan los procesos democráticos ni la opinión del prójimo”. El proyecto también recibió el visto bueno de organizaciones gremiales como el sindicato petrolero, el de camioneros, el de comercio, el de empleados bancarios y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Sin embargo, las protestas continuaron durante el fin de semana y se hicieron cada vez más multitudinarias. El lunes, Arcioni finalmente dio marcha atrás, anunciando que se derogaría la ley de zonificación y en su lugar se convocaría a un plebiscito para que los habitantes de la provincia decidan si quieren o no esta normativa.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, afirmó el gobernador en su cuenta de Twitter.
Este martes, y en una sesión por zoom mientras se reparan los daños ocasionados al edificio de la Legislatura, los diputados de Chubut derogaron por unanimidad la ley. El proyecto se había aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra y dos ausencias.