La Unión Europea (UE) busca regularizar la situación de los trabajadores de aplicaciones similares a Uber o Deliveroo o la latinoamericana Pedidos Ya. Este jueves las autoridades del bloque presentaron en Bruselas un paquete de iniciativas legislativas, entre las que se propone reclasificar algunos de los vínculos para que pasen a ser empleados de las aplicaciones y por lo tanto tengan los derechos laborales que les correspondan.
Actualmente estos trabajadores son independientes y las aplicaciones están moviéndose en terreno de vacíos legales porque la legislación actual no prevé este tipo de vínculos. Estas aplicaciones ofrecen trabajo de corto plazo para millones de personas en el mundo y su ritmo de crecimiento aumentó durante la pandemia, cuando los servicios de delivery fueron fundamentales. La flexibilidad del trabajo aparece planteada como una de las ventajas de este tipo empleos, pero a la vez se hace más difícil establecer con claridad una relación de dependencia tradicional.
Según las normas que presentó la Comisión Europea, para que una plataforma sea considerada empleadora y que por lo tanto sus trabajadores tengan derechos básicos como el salario mínimo, las vacaciones pagas, el seguro de desempleo y enfermedad, debe cumplir al menos dos criterios de una lista de requisitos.
Los criterios refieren a si una aplicación decide el nivel de sueldo; supervisa de forma electrónica el rendimiento de los trabajadores; restringe la libertad de los trabajadores para elegir su horario laboral, acepta empleos o subcontratar; dicta el aspecto y conducta del trabajador con los clientes, o limita la posibilidad de que los trabajadores creen sus propias bases de clientes o trabajen para otros.
Las plataformas podrán apelar esta clasificación, pero para eso deberán demostrar con evidencia que no son empleadores. “Debemos aprovechar todo el potencial de las plataformas digitales para crear empleo”, apuntó en diálogo con la prensa europea el comisario de la UE de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit. Sin embargo, agregó que “también debemos asegurarnos de que son empleos de calidad, que no fomentan la precariedad, para que la gente que trabaja a través de ellas tenga seguridad y pueda planificar su futuro”.
Asimismo, el jerarca señaló que se intentará legislar para obligar a las plataformas a dejar en evidencia qué algoritmos usan para determinar la cantidad de trabajos y el tipo de pago que recibirán los empleados, además las empresas deberán asegurar que la supervisión del rendimiento de los trabajadores recae sobre una persona y no sobre la tecnología; “la gente debería ver cómo funcionan los algoritmos y los trabajadores deberían poder apelar cualquier decisión automática”, opinó Schmit.
Por otra parte, la normativa propuesta obliga a las empresas a declarar el número de trabajadores que tienen, bajo qué régimen de cotización trabajan y el nivel de protección social que le ofrecen.
Entre los datos que presentaron las autoridades para demostrar la precariedad de los contratos está el hecho de que 55% de estos trabajadores cobran menos por hora trabajada que lo fijado en el salario mínimo. Además, según un estudio de impacto que pidió la Comisión Europea, los repartidores trabajan 8,9 horas a la semana sin recibir remuneración mientras esperan que les llegue algún encargo. Según las estimaciones de este estudio, son 5,5 millones de personas las que trabajan para estas empresas como autónomos cuando en realidad tienen una relación de dependencia.
Estas normas recién entran en discusión y se estima que tardarían años en entrar en vigencia, pero son vistas como un avance del bloque hacia la regulación de estas empresas y van en la línea de las nuevas leyes o fallos judiciales que se dictaron en España, Holanda y Gran Bretaña para establecer que los repartidores de comida o choferes de autos sean considerados como empleados y no como trabajadores independientes.