El Consejo de Ministros de Perú anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra una ley votada el viernes que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Poder Legislativo antes de ser sometida a referéndum. Para el gobierno de Perú, que se propone cambiar la actual Constitución, esta norma significa una limitante difícil de superar, debido a que no cuenta con mayoría en el Congreso.
“Resulta inconcebible que en una democracia se desconozcan los derechos de los y las ciudadanas a decidir de manera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad”, señaló en un comunicado la presidencia del Consejo de Ministros. El gobierno cuestionó también que no fue suficiente el debate sobre esta norma.
A su vez, el presidente peruano, Pedro Castillo, manifestó en su cuenta de Twitter que “el Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente”. Agregó: “Como gobierno, recurriremos al Tribunal Constitucional en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional”.
Castillo consideró que la posibilidad de participar en la política de los peruanos está condicionada por esta ley, que, según dijo, deja la voluntad del pueblo “a merced del parecer único del Congreso”, y agregó que “este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar”. La Constitución actual está vigente desde 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, que se extendió de 1990 a 2000.
La mayoría opositora en el Congreso –que el viernes le dio a esta norma 72 votos a favor frente a 44 votos en contra– también podría oponerse a cualquier iniciativa de consultar a la población sobre un cambio constitucional que impulse el gobierno de Castillo.
Durante el debate legislativo, el congresista Waldemar Cerrón, del partido Perú Libre, que impulsó la candidatura de Castillo, dijo que “no es posible que en estos tiempos se esté retorciendo y promoviendo que los ciudadanos salgan a las calles por sus derechos”. A su vez, el presidente dijo este domingo que Perú “necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía”.
De acuerdo con el diario peruano La República, la demanda de inconstitucionalidad que impulsa el gobierno de Castillo tiene pocas posibilidades de prosperar en el Tribunal Constitucional, donde se necesitan cinco de los seis votos para admitirla. El periódico señaló que dos integrantes de esa corte ya habían manifestado, antes de que la ley fuera votada, que no cambiaba de manera significativa lo que establece la Constitución al respecto. Una de las juezas que integran el tribunal, Marianella Ledesma, había dicho a Radio Programas del Perú: “De lo que he escuchado tendría que decir, en borrador, que no hay mayor cambio que lo que dice ya la Constitución”.
En cambio, la presidencia del Consejo de Ministros considera que la nueva ley viola el artículo 31 de la Constitución, así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imponer restricciones a una consulta popular. “La norma afecta principios constitucionales, como el balance de poderes y la democracia”, dijo esa institución en un comunicado. Por su parte, la primera ministra peruana, Mirtha Vásquez, insistió en que “el pueblo tiene derecho a exigir vía referéndum que se debatan temas que poderes constituidos no debaten. Por ese derecho, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad”.
Constitucionalistas consultados por el periódico peruano también coincidieron en que la norma sí introduce cambios sobre la democracia directa.