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Lucia Topolansky y José Mujica. Archivo: setiembre de 2020

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Mujica y Topolansky firmaron una carta para que el FMI “asuma la responsabilidad” por el préstamo a Macri

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Varios líderes políticos de la región solicitan a la entidad internacional que otorgue más plazo para el pago de la deuda.

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Varios líderes de izquierda de América Latina firmaron una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional en la que le solicitan que “asuma la responsabilidad de haber otorgado al gobierno de Mauricio Macri el crédito récord de 45.000 millones de dólares”. Entienden que el plazo para devolver el dinero prestado es “un tiempo absolutamente imposible de cumplir” y que s{olo se aceptó “con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones” de gobierno en Argentina.

Los políticos reclaman “la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo y el otorgamiento de plazos que permitan un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales que sometan al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento”.

Firman la carta políticos uruguayos como el expresidente José Mujica, la senadora Lucía Topolansky y el diputado Daniel Caggiani. Otras figuras de la región que se sumaron al pedido al FMI son los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Leonel Fernández (República Dominicana). A ellos se sumaron varios excancilleres y actuales dirigentes políticos.

Aseguran que “promover una política económica más humanista es bregar por un modelo de vida más distributivo e inclusivo, que piense y actúe pensando en los hombres y mujeres comunes”. Al mismo tiempo cuestionan “la concentración de la mitad de la riqueza mundial por una pequeña minoría de la población”.

En la misiva también deciden citar al papa Francisco, oriundo de Argentina, quien dijo anteriormente que “los mercados deben estar respaldados por leyes y regulaciones que aseguren que contribuyen al bien común, garantizando que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial”.

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