El contingente de 2.030 soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza militar liderada por Rusia, comenzó este jueves su salida de Kazajistán. Se había desplegado allí la semana pasada para contener las protestas, que el gobierno kazajo calificó como acciones del “terrorismo internacional”.
“En línea con la voluntad expresada por Kazajistán, el contingente de pacificación será retirado a sus destacamentos permanentes acorde con el calendario establecido”, dijo el secretario general de la OTSC, Stanislav Zas, en Almaty, la ciudad donde las manifestaciones fueron más violentas y persistieron durante más tiempo. La mayoría de los soldados provenía de Rusia, y los demás de Kirguistán, Tayikistán, Armenia y Bielorrusia.
El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, dijo que “la sola presencia del contingente de paz de la OTSC en Kazajistán, incluida Almaty, jugó un gran papel desde el punto de vista de la estabilización de la situación”. Afirmó también que se evitó un “intento de golpe de Estado”. A su vez, la OTSC acompañó su discurso desde que aceptó desplegar una fuerza militar en su país. La propia aceptación del pedido de enviar un contingente fue una señal inusual, porque en otros casos se habían rechazado solicitudes similares, y la organización no tuvo otra misión similar en 20 años.
El lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a este envío de tropas y dijo que la rápida actuación de la OTSC demostró que no se va a permitir “agitar la situación” en países de la región, según citó la agencia de noticias Efe. Hizo estas declaraciones cuando su país mantiene una pulseada con la OTAN en torno a Ucrania y otros países de su área de influencia.
En Kazajistán las protestas comenzaron de manera pacífica, contra un aumento de los combustibles, en particular del gas licuado, que finalmente Tokáyev decidió dejar sin efecto. Luego se volvieron violentas al tiempo que la represión golpeaba a los manifestantes. Según el balance oficial, las movilizaciones dejaron 164 muertos –aunque esta cifra ha sido puesta en duda–, cerca de 1.000 heridos y más de 12.000 detenidos.
El gobierno ha manifestado su preocupación por los daños materiales que dejaron las protestas, en las que se quemaron autos, oficinas públicas y comercios. Según la Cámara Nacional de Empresarios de Kazajistán, los daños equivalen a 215 millones de dólares, informó la agencia Efe.
Este jueves Amnistía Internacional manifestó que “Kazajistán debe poner en libertad a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente por su cobertura de los hechos de la semana pasada, dar información sobre los arrestos y garantizar los derechos humanos”. La directora de la organización para Europa Oriental y Asia Central, Marie Struthers, dijo que “aunque la situación parece haberse calmado, la crisis está lejos de haber terminado; no hay nada más importante ahora que el libre acceso a la información independiente, una rendición de cuentas completa de lo ocurrido y el compromiso de respetar los derechos humanos”.
Denunció también que “la conexión a internet fue desactivada y restringida durante los cinco posteriores días al inicio de las protestas” y que hubo detenciones de periodistas como medidas de bloqueo de la información.
Amnistía Internacional destacó que no se conoce el número exacto de muertos como consecuencia de la represión, y que el gobierno sólo precisó que 18 integrantes de las fuerzas de seguridad murieron durante las protestas, pero se desconocen datos sobre las muertes de civiles. “El 9 de enero, un canal de Telegram asociado al gobierno dio información sobre la muerte de 164 personas, pero posteriormente el Ministerio de Salud lo desmintió y dijo que había sido un fallo técnico”, agregó.
Para Struthers, “el silencio de las autoridades sobre el número de víctimas y las circunstancias de su muerte es indignante”. La dirigente de la organización militante por los derechos humanos llamó al gobierno kazajo a “revelar inmediatamente información sobre muertes de civiles”.