En un hecho inédito, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó de manera pública que su gobierno tiene un plan para liberar de manera anticipada y condicionada a miles de personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, que está vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022.
En el contexto de este régimen, que fue renovado de manera sucesiva por el Parlamento, donde el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene una abrumadora mayoría, alrededor de 93.000 personas fueron encarceladas, lo que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que, según ONG y un grupo de expertos de las Naciones Unidas, derivó en crímenes de lesa humanidad.
Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y más de 500 fallecieron bajo custodia estatal.
De acuerdo con lo que informó el portal salvadoreño El Faro, que debido a la represión del gobierno de Bukele trasladó su sede a San José, la capital de Costa Rica, el presidente especificó que el plan de su gobierno consiste en determinar cuál fue el nivel de colaboración de una persona con las pandillas y que en función de ello la persona podría recibir un beneficio de excarcelación. Bukele remarcó que, al salir de la cárcel, estas personas estarían monitoreadas y que serían sometidas al cumplimiento de condiciones que no especificó.
Esta declaración es la primera que hace Bukele en la que reconoce que el vínculo entre miles de detenidos y las pandillas era la de víctima-victimario, y que miles de salvadoreños fueron obligados a participar en crímenes bajo la amenaza de sufrir represalias. También es la primera vez que Bukele admite que hay personas detenidas que podrían estar encarceladas por crímenes en los que fueron obligados a participar. “Venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual. Y si nosotros nos pusiéramos a capturar a todos los que colaboraron con las pandillas, tendríamos que arrestar al 20% de la población”, expresó el mandatario, que buscará ser reelecto para un nuevo período de gobierno en los comicios que se realizarán el 28 de febrero.
El anuncio de Bukele fue comentado por varios representantes de organizaciones que desde el exilio vienen reclamando desde hace años por la situación de los derechos humanos en El Salvador.
Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal, dijo en declaraciones a AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una reiterada demanda de los grupos de derechos humanos.
Pero Abrego advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo, y cuestionó que Bukele llamara “colaboradores de pandillas” a los posibles beneficiarios de las excarcelaciones, en lugar de reconocer que hay personas detenidas, muchas de ellas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Bukele reconoció que su gobierno liberó a aproximadamente 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete describieron como parte de un “margen de error” del régimen de excepción.
El mandatario no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de “liberación anticipada” ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.
Las ONG también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la guerra antipandillas por considerar que, al no individualizar la responsabilidad penal, se castiga a muchos inocentes.
Bukele, que rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos, defendió la continuidad del régimen de excepción y comparó su aplicación con una “quimioterapia” para un país afectado por el “cáncer” de las pandillas.