El diálogo entre el gobierno boliviano del presidente Luis Arce y los sectores políticos opositores del departamento de Santa Cruz, liderado por su gobernador, Luis Fernando Camacho, sigue sin poder cristalizarse, al tiempo que prosigue el paro en el departamento de Santa Cruz que comenzó el 22 de octubre.
La razón que llevó a los líderes políticos, empresariales, algunos sectores universitarios y otros actores sociales cruceños a tomar la medida fue la postergación de un censo cuya realización estaba prevista para este mes, pero que alegando razones logísticas el gobierno de Arce pospuso por decreto para 2024. Esto fue rechazado por los cruceños, que exigen que el censo se haga de cualquier manera el año que viene.
La razón por la que los datos del censo son importantes y generan el choque entre el Movimiento al Socialismo (MAS) gobernante y la oposición es que, de acuerdo a ellos, se redistribuirán los recursos económicos y las bancas en la Asamblea Legislativa. Tal como informó Associated Press, Camacho y los integrantes de la Comisión Interinstitucional que promueven el paro exigen que el censo se haga el año que viene y que sus resultados se apliquen para las elecciones generales de 2025. De acuerdo a estimaciones preliminares, Santa Cruz es el departamento de mayor crecimiento demográfico del país, debido a la migración interna que fluye permanentemente hacia la zona, donde hay un mayor dinamismo económico gracias a que, entre otras cosas, en ella están establecidas la poderosa industria agroexportadora boliviana y las sedes de numerosas empresas privadas.
Con los nuevos datos, además de recibir más recursos económicos de parte del gobierno central por su densidad poblacional, Santa Cruz lograría tener tres integrantes más en la Cámara de Diputados.
En medio de esta cuestión, el paro –básicamente impulsado por las patronales–, acompañado por una movilización callejera de miles de ciudadanos cruceños opositores al gobierno, tuvo como respuesta la intervención policial y también la irrupción de grupos afines al MAS, lo que motivó numerosos disturbios en varios lugares del departamento. “Exigimos al gobierno que frene la violencia. No es correcto que llamen al diálogo mientras se reprime a nuestro pueblo”, escribió Camacho el martes en su cuenta de Twitter, en referencia a los duros choques que se registraron en la ciudad de La Guardia, cercana a Santa Cruz de la Sierra, la capital departamental.
Mientras que el diario cruceño El Deber informó sobre agresiones recibidas por trabajadores de la prensa de la red Unitel por parte de militantes del MAS a quienes definieron como una “turba”, el diario paceño La Razón reportó la destrucción de varios autos policiales por parte de integrantes de la Unión Juvenil Cruceña, un grupo de extrema derecha.
Si bien hubo algunas reuniones entre representantes del gobierno y de las entidades cruceñas movilizadas, el diálogo por el momento está cortado. Desde Santa Cruz se exige la liberación de ciudadanos que fueron detenidos durante las movilizaciones para volver a la mesa de negociaciones, y el gobierno advirtió que el clima de violencia debe detenerse porque, según expresó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la situación se está desbordando.
En este contexto radicalizado, el expresidente Carlos Mesa le pidió al presidente Luis Arce en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que se abstraiga “del plan fratricida de Morales contra Santa Cruz y atender, dialogando, la demanda de Censo 2023”. En la misma red social, el exmandatario Evo Morales instó a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a “extremar sus esfuerzos y voluntad política para resolver con diálogo sincero y responsable el conflicto en Santa Cruz” y lograr llegar a un acuerdo para fijar de común acuerdo la fecha del censo.