Para los líderes del departamento boliviano de Santa Cruz, opositores al gobierno del presidente Luis Arce, el censo que estaba previsto para este mes demostraría que a esa región le corresponden más recursos y representación política de acuerdo a su actual población. Por eso, cuando el gobierno decidió posponer el censo para 2024, iniciaron un conflicto que el 22 de octubre decantó en un paro, una medida que todavía sigue en pie.
La protesta, promovida por autoridades, empresarios e intelectuales cruceños, exigía que el censo se haga en 2023 para que sus conclusiones se tomaran en cuenta en las elecciones de 2025. Sin embargo, el gobierno insistió en que no había posibilidades técnicas de llevarlo adelante antes de 2024.
Finalmente, el miércoles, los dirigentes de Santa Cruz aceptaron que por razones técnicas tomará ese tiempo implementar el censo. Lo anunciaron en una declaración conjunta el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el vicepresidente del comité cívico regional, Stello Cochamanidis, y el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Montero, Vicente Cuéllar. “Hoy podemos sostener, con base en el criterio técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante en 2023”, dijo Cuéllar, según citó la agencia Efe. El rector afirmó que el calendario debió ajustarse porque se tendrían que haber hecho ya algunas actividades que no se hicieron por la “ineficiencia” del Instituto Nacional de Estadística.
De todos modos, el reconocimiento de que será necesario esperar hasta 2024 para censar a la población no es el fin del conflicto, que ha causado pérdidas millonarias al país. Camacho informó que la huelga proseguirá hasta que haya una ley que regule la realización del censo. El líder opositor acusó además al Poder Ejecutivo y al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de haber prolongado por siete meses este conflicto.
Camacho pidió a los parlamentarios de su partido, Creemos, y de la opositora Comunidad Ciudadana, que acepten que la ley fije la fecha del censo para 2024, y puso el foco en la necesidad de contar con esa norma. “La jugada del MAS es dejarnos sin ley”, dijo. Destacó también que la región logró, a diferencia de lo ocurrido con el censo de 2012, que exista un compromiso del gobierno de reasignar recursos estatales y escaños parlamentarios según los nuevos datos poblacionales. Por su parte, Cochamanidis dijo que el paro continúa porque los parlamentarios opositores “van a estar peleando en un terreno totalmente adverso” en busca de la aprobación de esta ley.
Desde el oficialismo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, le reprochó a Camacho que hay obras paralizadas en su región como consecuencia de la huelga. “La carretera Muyupampa-Ipatí tiene un retraso de 13,83% por culpa de un gobernador que todavía piensa que es presidente del comité cívico y no asume sus funciones”, dijo. “No sólo es pasearse en moto por Santa Cruz, hay un convenio intergubernativo que el gobernador debe cumplir”, agregó Montaño, según citó el diario boliviano La Razón. El ministro advirtió que hay riesgos de que se paralice definitivamente la obra y cuestionó que la gobernación de Santa Cruz esté promoviendo el paro.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia llamó el martes a la Asamblea Legislativa a encaminar los “mecanismos necesarios” para discutir y aprobar la ley sobre el censo, y dar así “certidumbre a la población y que esta pueda recuperar la paz y la normalidad en su vida diaria”.
El presidente Arce emitió un decreto por el cual el censo se realizará el 23 de marzo de 2024, pero los dirigentes opositores de Santa Cruz insisten en que se apruebe por ley. Hasta esta semana, esa posibilidad estaba trabada porque se mantenía la diferencia en las fechas. Ahora, una vez que la oposición aceptó que el año del censo es 2024, se abre la puerta a un acuerdo para legislar.
Según informó La Razón, aunque la Cámara de Senadores esperará el proyecto sobre el censo, su presidente, Andrónico Rodríguez, del MAS, dijo que no se necesita una ley específica para la redistribución de escaños y recursos, y que la organización de los censos es “competencia privativa” del Poder Ejecutivo. Desde que comenzó la huelga, distintos incidentes dejaron cuatro muertos y varios heridos, y hubo enfrentamientos entre sectores que respaldan la medida y quienes la rechazan.