Cristina Fernández de Kirchner, la figura central de la política argentina, fue condenada este martes por un tribunal oral federal a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el presunto delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Pasadas las 18.00, tras la divulgación de la sentencia, en una derivación de enorme magnitud política, Fernández anunció que no aspirará a ningún cargo electivo en 2023, ni a presidenta ni a senadora, porque no va a “someter” a la alianza peronista “a que la maltraten en el período electoral con una candidata condenada”, ni brindará a la oposición el argumento de que busca fueros para no ir a la cárcel.
Desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta se dirigió en un discurso transmitido en redes al principal accionista del Grupo Clarín, a quien considera artífice de la condena. “Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema (dos instancias de apelación) de que me metan presa. Pero mascota de usted, nunca, jamás. ¿Entiende? Nunca, jamás”.
De esta manera, el martes en Argentina hubo dos novedades cruciales y entrelazadas. Una de índole judicial, ya que el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Capital Federal escribió la primera sentencia en contra de la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015), y la otra, política. En los últimos meses, muchos allegados a Cristina aceleraron el clamor para que encabece la boleta del peronismo en 2023 (primarias en agosto o setiembre; generales en octubre o noviembre), y ella misma dio señales de que barajaba esa posibilidad. Aunque las dos veces presidenta tiene un alto índice de rechazo, sigue siendo la líder argentina con mayor intención de voto individual. La hipótesis de Cristina postulante a jefa de Estado, que reordenaría el sistema político, habría quedado descartada con el renunciamiento transmitido este martes, aunque nada puede ser descartado en la política argentina.
La corroboración de la sentencia por parte de la Cámara de Casación Federal y la Corte Suprema podría demorar años, de manera que lo decidido por el tribunal no afectará el ejercicio de Cristina como segunda del Ejecutivo y presidenta del Senado hasta diciembre de 2023. La abogada nacida en La Plata tiene 69 años. En el caso más gravoso para ella, es muy improbable que vaya a la cárcel aun cuando quede sin fueros dentro de un año, ya que la ley argentina estipula la posibilidad de la prisión domiciliaria para los mayores de 70, edad a la que la líder justicialista llegará el próximo 19 de febrero.
El 2 de diciembre de 2019 Cristina había desafiado al tribunal que comenzaba a juzgarla tras el proceso de instrucción. “La condena está escrita”, dijo entonces Cristina en una sala del edificio de Comodoro Py, calle en la que funciona el fuero federal penal de la ciudad de Buenos Aires. Faltaban días para que asumiera el mandato como vicepresidenta, tras el triunfo electoral ante el conservador Mauricio Macri. Este martes, desde su despacho, la vicepresidenta rememoró aquellas palabras y puso un título al proceso: “Estado paralelo y mafia judicial”.
- Leé más sobre esto: Un viaje de lujo a la Patagonia alimenta la teoría del lawfare contra Cristina Fernández
El tribunal compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se limitó a dar a conocer ocho condenas por administración fraudulenta y cuatro absoluciones a otros imputados en la denominada causa Vialidad. Los fundamentos del fallo serán leídos en marzo, anunció Gorini, presidente del cuerpo. Los jueces, que comunicaron la decisión desde la sala de audiencias conectados de modo virtual, absolvieron a Cristina del delito de asociación ilícita que había sido imputado por el fiscal federal Diego Luciani y habría supuesto una condena de 12 años.
Uno de los absueltos fue el exministro de Planificación Federal durante los 12 primeros años de gobiernos kirchneristas, Julio de Vido, figura clave de la obra pública. En cambio, José López, viceministro de De Vido y famoso en el mundo por haber arrojado unos nueve millones de dólares a un convento en el invierno de 2016, recibió una pena de seis años, como Cristina.
La misma pena recayó sobre Lázaro Báez, empresario condenado por fraude y lavado de dinero, y amigo del fallecido Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta. El exdueño de Austral Construcciones y cliente de la familia Kirchner en negocios inmobiliarios en la Patagonia fue el que llevó a cabo las 51 obras en la provincia de Santa Cruz que se juzgaron en este proceso.
La sentencia no sólo era prevista por Cristina, sino por todo el sistema político y mediático. De hecho, el tribunal había filtrado cuál sería el lapso de la pena y la exclusión del cargo de asociación ilícita, lo que tuvo amplio recorrido en la prensa conservadora antes de que se oficializara la decisión.
Aunque la relación con Báez despierta muchos interrogantes -entre otros, que era apenas un directivo del Banco de Santa Cruz para luego convertirse en el principal contratista de la provincia en el mismo momento en que Néstor asumía la Presidencia de la República- la acusación a cargo del fiscal Luciani no pudo encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados a los Kirchner, ni siquiera en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados.
El proceso estuvo envuelto en polémicas infinitas desde el inicio. Los fiscales apuntaron a Báez y lo que aparentaba ser un nítido direccionamiento de la obra pública, sospecha sumada al alquiler de hoteles de los Kirchner. La estelaridad de algunos contratistas en las provincias argentinas es casi una norma en Argentina, y a Báez pareció tocarle Santa Cruz en el período en que los dos políticos más importantes de la historia de la provincia patagónica se trasladaron a la Casa Rosada.
Más allá de los indicios, agigantados por la fortuna acumulada por Báez y el hallazgo de decenas de millones de dólares depositados en Suiza a nombre del empresario y sus hijos, los peritajes no acreditaron sobreprecios ni demoras excepcionales para la construcción de rutas y obras públicas en una provincia de condiciones climáticas extremas. Tampoco fueron demostrados sobreprecios en los alquileres pagados por Báez a los Kirchner. La versión del kirchnerismo es que el empresario derivó a Suiza dinero evadido del pago de impuestos, no coimas.
En la mirada de Cristina y los suyos, la inexistencia de pruebas era evidencia de que la acusación era política y orquestada por el macrismo, Clarín, los servicios de Inteligencia y Comodoro Py. Para el fiscal Luciani, se jugaba el destino de la República y el tribunal se hallaba ante la disyuntiva de “democracia o corrupción”. Vialidad se había transformado en una causa bisagra, luego de que en 2021 y 2022 cayeran otras acusaciones contra la vicepresidenta, tanto por supuesta corrupción como por delitos menores.
Durante el proceso se debatió que Cristina, como presidenta del país, no intervenía en licitaciones a cargo de la provincia. Luciani adujo, y el tribunal pareció corroborar el criterio, que la exmandataria benefició a Báez al enviar al Congreso presupuestos que incluían el pago de las obras millonarias requeridas por Santa Cruz. Ante ello, la vicepresidenta se defendió diciendo que mal podía delinquir mediante un presupuesto votado por ambas cámaras del Congreso, incluso por la oposición.
Más allá de los argumentos, entra a jugar la turbiedad tóxica y expandida de Comodoro Py. El juez de Instrucción (que arbitra el proceso, pero no sentencia) de la causa Vialidad, Julián Ercolini, es uno de los dos del fuero federal que centralizaron las múltiples acusaciones contra Cristina, algunas de ellas muy polémicas, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman. Sobre Ercolini ya había datos de connivencia espuria con el macrismo, pero este fin de semana se acrecentaron luego de que se revelaran detalles de un viaje organizado por directivos de Clarín a una estancia de la Patagonia en el que participaron cuatro jueces, dos exagentes de Inteligencia y dos funcionarios del intendente de Buenos Aires y precandidato presidencial conservador Horacio Rodríguez Larreta. En una filtración del celular de uno de ellos, Ercolini aparece proponiendo estratagemas para falsear datos y documentos que permitieran ocultar el periplo patagónico ejecutado en octubre.
Por lo demás, el fiscal Luciani, el integrante del tribunal Giménez Uriburu y otro juez se vieron sorprendidos este año cuando se dieron a conocer fotografías de su participación en partidos de fútbol organizados en una quinta de Macri. Su equipo de fútbol se llama Liverpool y el expresidente le metió un gol de tiro libre, consta en las imágenes.
Apenas un botón de muestra del estado de la Justicia federal en la Argentina.
Sebastián Lacunza, desde Buenos Aires.