El ministro de Defensa peruano, Alberto Otárola, anunció este miércoles que el gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte decidió declarar el estado de emergencia en todo el país por 30 días para controlar las protestas violentas que se siguen dando en muchas localidades peruanas.
“Debido a los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”, dijo Otárola, informó el diario limeño La República. La decisión fue tomada durante la sesión del Consejo de Ministros que presidió Boluarte. Días antes el Ejecutivo ya había adoptado esta medida por 60 días en los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, los lugares en los que se registraron los hechos más graves desde que comenzaron las manifestaciones que se generaron tras la destitución el miércoles 7 de Pedro Castillo, horas después de que el exmandatario intentara dar un golpe de Estado al ordenar la disolución del Congreso.
La represión policial en el marco de estas movilizaciones ya dejó un saldo de ocho muertos, decenas de heridos, entre ellos, muchos policías, y también centenares de personas fueron detenidas.
La principal demanda de las personas que se movilizaron prácticamente en todo el territorio peruano es el adelantamiento de las elecciones. Pero en muchos lugares del país se registraron graves actos de violencia. Hubo numerosos cortes de ruta, y en algunas ciudades fueron atacadas infraestructuras tales como aeropuertos y edificios públicos, lo que llevó a que la Policía dispusiera operativos especiales de seguridad en las terminales aéreas. Si bien la presidenta Boluarte anunció que envió un proyecto al Congreso para fijar los comicios generales para abril de 2024, esto no logró detener las protestas, por lo que el miércoles dijo que las elecciones podrían celebrarse en diciembre del año que viene.
“Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre de 2023, porque antes de esa fecha, hermanas y hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría”, manifestó Boluarte, según informó el periódico Gestión.
“Tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución. Salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal. Tengo que ser responsable y decir que, en estos tiempos, que no dependen de mí, sino del Congreso y del ente electoral, en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”, aseguró la mandataria, quien este miércoles se trasladó hasta su departamento natal, Apurímac, donde visitó a efectivos policiales que resultaron heridos durante las protestas.
El posible adelantamiento de las elecciones será tratado el jueves por el Congreso, donde se hará presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro.
Mientras tanto, el expresidente Castillo sigue detenido en la Dirección de Operaciones Especiales, dependencia policial ubicada en Lima, donde el miércoles algunos seguidores del mandatario depuesto realizaron una movilización en su apoyo.
La situación jurídica del presidente aún no está resuelta. El fiscal supremo Uriel Terán solicitó en la madrugada del miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y también contra el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión y conspiración. A Castillo también se lo acusa por los presuntos delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Torres, luego de conocer la acusación que había en su contra, anunció el sábado en un mensaje en su cuenta de Twitter que había decidido pasar a la clandestinidad.
El pedido del fiscal se realizó a pocas horas de que venciera el plazo de detención preliminar que tiene en su contra Castillo, quien fue arrestado poco después de disolver el Congreso, cuando se dirigía junto a su familia a pedir asilo político en la embajada de México.
Inicialmente, su salida de prisión estaba programada para la tarde de este miércoles. Sin embargo, ante el pedido de prisión preventiva, permanecerá detenido hasta que se realice la audiencia de este jueves.