El Congreso de Perú aprobó este martes una iniciativa para adelantar las elecciones de 2026 para abril de 2024. Las elecciones anticipadas habían sido pedidas por la presidenta peruana, Dina Boluarte, para desactivar la crisis política que enfrenta el país. Boluarte, que asumió el cargo el 7 de diciembre, dijo que el suyo es “un gobierno de transición” y manifestó su intención de terminar antes de tiempo su mandato teniendo en cuenta “la voluntad de la ciudadanía”. La iniciativa aprobada, que establece una disposición transitoria en la Constitución, obtuvo 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención.
Durante la discusión parlamentaria hubo varios congresistas que argumentaron a favor de celebrar las elecciones en un plazo más corto. Uno de ellos, Jaime Quito, de Perú Libre, dijo que la ciudadanía llama a los integrantes del Congreso a irse “cuanto antes” y consideró que se podría convocar a elecciones para dentro de cuatro meses. Sin embargo, la presidencia del Congreso le señaló que estaba a consideración sólo el dictamen en mayoría sobre la propuesta de votar en 2024.
Algunos congresistas argumentaron además a favor de que en las elecciones se ponga a consideración también una consulta que defina si los peruanos quieren convocar a una asamblea constitucional. Esa propuesta fue defendida, entre otros, por Perú Libre, el partido por el que fue electo el expresidente Pedro Castillo.
Desde que el exgobernante fue destituido, después de intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, manifestantes que lo apoyan salen a las calles para reclamar su liberación y la salida del actual gobierno. Hasta este martes, en las protestas habían muerto 26 personas en todo el país, la mayoría de ellas en el sur, donde Castillo cuenta con mayor respaldo.
Salvoconducto para la familia de Castillo
El gobierno de México confirmó el martes que ese país otorgó asilo político a la familia de Castillo. “El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano; es decir, están en nuestra embajada y, cuando están en la embajada, les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.
Por su parte, la cancillería de Perú anunció que otorgó un salvoconducto a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus hijos para ir a México. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, también manifestó que se le informó a México que Paredes es investigada por un delito común, el de pertenencia a una organización criminal, por lo cual no hay “persecución política” en su contra. Agregó que Perú puede pedir su extradición en caso de que las autoridades la requieran.
En la noche del martes, además, el gobierno peruano decidió declarar persona no grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para dejar el país. La medida fue una respuesta a lo que el gobierno de Perú considera una injerencia de México en los asuntos internos del país.
“Informo que el gobierno de Perú ha declarado persona no grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país [...] que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo Gervasi, según informó Radio Programas del Perú.
Miradas del exterior
El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, conversó este martes con Gervasi y se ofreció a colaborar con su país para buscar una salida a la crisis. Según informó el propio ministerio, Turk manifestó su “solidaridad” y propuso buscar en conjunto “una salida que renueve la cohesión social y la confianza en las instituciones del país”, informó la agencia Europa Press. A su vez, Gervasi invitó a Turk a visitar Perú en enero.
El martes llegó al país una delegación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tenía previsto reunirse con varios actores políticos, entre ellos, la presidenta, y analizar la situación que atraviesa Perú. El equipo está integrado por nueve expertos de distintos países y viajó por pedido de Boluarte.
Está previsto que el grupo visite Ayacucho, donde se localizó la violencia más intensa y murieron nueve manifestantes reprimidos por la Policía y las Fuerzas Armadas. La CIDH manifestó el fin de semana su “preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas” y llamó a las partes a moverse por los “canales democráticos” para solucionar la actual crisis. Según el diario peruano La República, un colectivo de abogados peruanos también se contactó con la CIDH para que investigue el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.