En rechazo a la condena a seis años de cárcel e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos emitida contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, organizaciones sociales y políticas se movilizarán el lunes 19 frente al Centro Cultural Kirchner. Allí la dirigente cerrará un encuentro del Grupo de Puebla, que será abierto por el presidente argentino, Alberto Fernández. El encuentro estaba previsto para este lunes, pero debido a que se le diagnosticó covid-19 a la vicepresidenta la fecha fue cambiada.
El Grupo de Puebla, un foro integrado por dirigentes de izquierda de 16 países, ya emitió un comunicado en el que “se solidariza con la vicepresidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial, proferido en su contra”. Agrega que este fallo “abre un nuevo capítulo de la guerra jurídica que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas”, y menciona como ejemplos los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, según citó la agencia Télam.
“En este como en los otros casos también se han desconocido los derechos de la vicepresidenta al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres”, agrega. El Grupo de Puebla, además, “llama a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo de este proceso en sus nuevas etapas procesales”. Si bien Fernández fue condenada, la pena no se aplica hasta que esté firme, cuando se evalúe en dos instancias de apelación que todavía se pueden recorrer. “La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos”, dijo el martes Fernández.
Varios gobernantes y exgobernantes de América Latina también manifestaron esta semana su solidaridad con la vicepresidenta argentina y su repudio a la condena emitida en la causa conocida como Vialidad, en la que se la acusa de orientar la obra pública para favorecer a determinados empresarios.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene “duda de que [Fernández] es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”. También la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que la vicepresidenta argentina “enfrenta ahora el ataque del lawfare después de sobrevivir a un atentado fallido en su contra”. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se solidarizó con Fernández, “a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta”.
También el expresidente boliviano Evo Morales se refirió a esta condena y dijo que “está en ejecución en América Latina la llamada ‘guerra híbrida’ con uso de medios de comunicación y operadores políticos de la Justicia para perseguir, acusar y defenestrar a líderes que defienden al pueblo y enfrentan políticas neoliberales de hambre de la derecha capitalista”. Morales afirmó también que, “después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente”.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se solidarizó con la vicepresidenta argentina y agregó: “Vi su declaración de que es víctima del lawfare, y en Brasil sabemos bien cuánto daño puede causar esta práctica a la democracia. Apoyo una Justicia imparcial e independiente para todos y para el pueblo argentino”.
Los chats de Lago Escondido
El mismo martes Fernández respondió a la condena por “administración fraudulenta” con un discurso en el que cuestionó al Poder Judicial a partir del caso de un viaje de jueces, funcionarios porteños y representantes del Grupo Clarín en un avión privado a una estancia en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, supuestamente financiado por el grupo de medios.
El viaje se conoció en octubre cuando lo publicó Página 12, pero el fin de semana el diario Tiempo Argentino publicó una serie de chats en los cuales quienes participaron hablan de emitir facturas falsas y otras maniobras para encubrir la invitación. En uno de los chats, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se refiere a la posibilidad de que el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, fuera quien filtró la lista de pasajeros del vuelo privado y escribe: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.
“Viajaron cuatro jueces. [Uno era Carlos] Mahiques, un juez de Casación puesto a dedo por Mauricio Macri, nunca concursó para su cargo”, dijo Fernández. “El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa [Vialidad]. Mahiques es el padre del fiscal Mahiques, que instruyó en esta causa también”, dijo la vicepresidenta. “Además iban dos funcionarios del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, [uno era] su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro”, añadió. “D’Alessandro es, además, por su cargo, quien controla a los vendedores ambulantes que van por toda la ciudad. ¿Recuerdan la banda de vendedores ambulantes que terminaron atentando contra mi vida?”, señaló.
“Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un Estado paralelo”, dijo. “¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, [liderado por Héctor] Magnetto, a través de sus personeros: Jorge Rendo, a quien no hay político ni juez que no conozca, el operador todoterreno de Magnetto”, afirmó.
Luego de que los chats se conocieran, el gobierno presentó una denuncia al respecto ante la Justicia penal para que investigue si los jueces, fiscales y jerarcas porteños involucrados recibieron sobornos o incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
Por su parte, la bancada del gobernante Frente de Todos pidió el juicio político al ministro de Seguridad D’Alessandro y al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. “Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo”, afirmaron los legisladores.
A su vez, desde la oposición, la diputada de la coalición Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer pidió que D’Alessandro abandone el cargo para facilitar la investigación. “Me da la impresión de que el viaje ni siquiera es lo más grave, porque pasa a segundo plano cuando del intercambio surge que los mismos actores buscan agregar alguna otra maniobra para disimular aquellas cosas que estaban mal”, dijo, según citó Página 12. Consultada sobre si los jueces también deberían dejar el cargo, Stolbizer agregó: “Los jueces tienen algunas garantías de inamovilidad que deben pasar por otro tipo de proceso”.
Sin candidata
Por otra parte, en su discurso del martes, Cristina Fernández anunció que no se postulará a ningún cargo electivo en las elecciones de 2023 para evitar que se acuse al Frente de Todos de tener una candidata que busca fueros para evitar una condena. Al día siguiente, llamó a los dirigentes del oficialismo a salir a defender su proyecto político.
Políticos cercanos a la expresidenta consideraron que es difícil que cambie de postura y compita en las elecciones. Así lo evaluó el exdiputado Héctor Recalde, que aclaró que Fernández “renuncia al cargo pero no a la lucha política ni a conducir el espacio”. Por su parte, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, coincidió en que la decisión de la vicepresidenta “es terminante”. Por su parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que no comparte la decisión y consideró que “es precisamente lo que ellos pretenden, que uno renuncie a postulaciones”.