Este miércoles comenzó a regir efectivamente en cuatro provincias del norte del país el estado de excepción decretado el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, lo que supone la militarización de las fronteras, con el fin de controlar la inmigración tras las protestas de camioneros que bloquearon accesos a aeropuertos y puertos de la región la semana pasada.
Según informó la agencia Associated Press, Piñera anunció el inicio del estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa –excluyendo las zonas urbanas de las ciudades de Arica y Calama–, que estará vigente durante 15 días y podría ser prorrogado otros 15 más.
La medida se produce tras las fuertes protestas protagonizadas la semana pasada por el gremio de transportistas que bloqueó los accesos a las ciudades, los aeropuertos y los puertos de la zona tras la muerte de un camionero supuestamente a manos de tres inmigrantes venezolanos. Los tres, uno de ellos menor de edad, quedaron en prisión preventiva por presunto homicidio calificado, informó la fiscalía regional de Antofagasta, donde ocurrió el suceso.
El estado de excepción supone que las zonas pasen a estar bajo el mando de cuatro altos oficiales del Ejército. Se desplegarán 672 efectivos militares para la protección de las fronteras, además de incrementar a 100 los efectivos de Carabineros, señaló el presidente, que también informó que se otorgará más equipamiento y tecnología para el control fronterizo.
El Ejército y la Policía podrán “realizar patrullajes y controles conjuntos a pie y motorizados, establecer puestos de observación nuevos, desplegar aviones no tripulados, drones, disponer de helicópteros para la vigilancia y para el traslado”, además de las cámaras térmicas y de visión nocturna que ya se utilizan y equipos satelitales de comunicación, señaló el mandatario, quien el 11 de marzo dejará el cargo que será asumido por el izquierdista Gabriel Boric, quien tendrá que afrontar la cuestión migratoria como uno de sus principales desafíos.
La medida de militarización en el norte generó ciertos reparos por parte de las autoridades locales. Los gobernadores de las regiones de Arica y Antofagasta, Jorge Díaz y Ricardo Díaz, respectivamente, dijeron que si la medida se extiende en el tiempo, “estamos en serios problemas”.
“El estado de excepción tiene que ser eso, una excepción, porque si el estado de excepción se convierte en una normalidad, es que estamos en serios problemas; el Estado de derecho es el que tiene que acentuarse”, manifestó Díaz en una entrevista con el portal El Mostrador.
Por su parte, Javier García Choque, alcalde de la localidad de Colchane, situada en la provincia de Tamarugal, en la región de Tarapacá, junto a la frontera con Bolivia, manifestó su preocupación por el inminente arribo de fuerzas militares que ocuparán la comuna como parte del estado de excepción. En declaraciones al sitio El Desconcierto, García Choque sostuvo que “como comuna aymara llevamos un año militarizados y nos preocupa el trato que este nuevo contingente les propine a nuestros adultos mayores que cruzan a Bolivia para comprar mercaderías; como también que no aumenten las acciones de acoso contra nuestros pobladores en su diario vivir”.
De igual forma, el alcalde enfatizó que se requiere una capacitación especial para los funcionarios militares y policiales sobre la cultura aymara. “Espero que el Ejecutivo haya anticipado una capacitación sobre cosmovisión aymara a los uniformados para evitar los malos tratos de que han sido víctima nuestros adultos mayores de manos de las fuerzas de orden y seguridad emplazadas en nuestro territorio”, concluyó García Choque.