Cuando Pedro Castillo cumpla ocho meses en el cargo de presidente de Perú, el lunes 28, deberá enfrentar un juicio político con el que su mandato fue amenazado más de una vez, y que podría conducir a la destitución. La puerta a esa instancia se abrió esta semana en el Congreso, con 76 votos a favor de enjuiciar al presidente, 41 en contra y una abstención. Para que el juicio político termine en destitución se requieren 87 votos de un total de 120 congresistas.
La crisis entre el Ejecutivo y el Congreso llevó a Castillo a considerar incluso la posibilidad de presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones, según informó el primer ministro Aníbal Torres. Pero el presidente decidió no hacerlo para dar lugar a “un último intento” de “concertación”.
El martes, ante el Congreso, dio un mensaje en el que repasó sus logros, manifestó que su gobierno puede haber cometido “errores”, pero rechazó las acusaciones de corrupción. “Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos; se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente”, manifestó.
Según citó la agencia Efe, Castillo manifestó que esas acusaciones responden a un intento “sistemático” de parte de cierta oposición de cuestionar su legitimidad y a la insistencia en “no aceptar” su triunfo electoral, en una alusión al fujimorismo, que hasta último momento antes de su asunción denunció fraude en los comicios, aunque no logró presentar pruebas al respecto.
El presidente peruano señaló que hay sectores opositores que han hecho un “intenso y sistemático trabajo” para “obstruir las labores del Ejecutivo con el único propósito de vacar [destituir] al presidente o encontrar mecanismos para recortar su mandato”.
Después de plantear ese escenario, llamó a terminar con las “tensiones” y los “enfrentamientos” y a buscar “puntos de coincidencia y consensos” para superar esta “crisis institucional dañina y perniciosa”, que perjudica sobre todo a los ciudadanos. Agregó: “Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas y trabajar por los grandes objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre, que impiden nuestro crecimiento, progreso y desarrollo”.
“Como presidente de la República, tiendo mi mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país”, dijo. En un tono similar, el jueves afirmó durante un acto oficial: “Escuchando el clamor del pueblo peruano, hemos planteado voltear la página de la confrontación y de las disputas inútiles para dar paso a una tarea de diálogo a esta importante etapa, y de concertación por el bien del país”.
“Esta semana hemos demostrado al país que, a pesar de la crisis sanitaria y la coyuntura política y el escenario internacional adverso, hay un gobierno que puede exhibir logros importantes, logros concretos en beneficio de los pueblos del Perú, principalmente de los más vulnerables”, agregó. Ante el Congreso, Castillo había destacado como logros el avance de la vacunación contra la covid-19, el crecimiento económico de más de 13% que se registró en 2021, y el trabajo que hace su gobierno en sectores como la educación.
Camino del juicio
El lunes 28, el presidente peruano o su abogado deben responder a las acusaciones con las que se inicia el juicio político, en el que se intenta declarar su “permanente incapacidad moral”. La moción aprobada el lunes fue presentada por el congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, y recibió el apoyo de los demás partidos de derecha (Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos y Avanza País). Otro intento de juicio político en contra de Castillo, en noviembre, no había reunido los votos para su trámite.
Los impulsores del juicio acusan al presidente de injerencia indebida en ascensos militares, y califican de “cuestionables” las designaciones de varios de sus ministros. El de Salud y el de Justicia debieron acudir esta semana al Congreso, donde fueron interpelados. Además, los opositores afirman que existe un ámbito paralelo de decisión al que llaman “gabinete en la sombra”; cuestionan la intención de Castillo de brindarle una salida al mar a Bolivia, y señalan el testimonio de una empresaria que denunció que el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco consiguió contratos públicos para una empresa.
“El tiempo me dará la razón”, dijo Castillo ante el Congreso. “Con la frente en alto, como siempre le hablo al pueblo, hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares”, manifestó. “Una cosa son los errores de gestión y otra los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos”, dijo el gobernante.
Castillo es el segundo presidente peruano en ser sometido a juicio político en menos de dos años. El anterior fue Martín Vizcarra, que fue destituido en 2020 bajo el argumento de “incapacidad moral”, el mismo que se esgrime contra el actual gobernante. Si este proceso terminara en destitución, la vicepresidenta, Dina Boluarte, debería asumir el cargo de Castillo.
Crisis institucional y libertad para Fujimori
En medio de esta crisis, que una vez más enfrenta al Ejecutivo y el Legislativo, el Tribunal Constitucional de Perú aprobó el jueves un recurso de hábeas corpus que le permitirá salir de la cárcel al expresidente Alberto Fujimori, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional”, publicó Castillo en su cuenta de Twitter. “Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, agregó. En su mensaje al Congreso, el presidente había dicho: “Las principales instituciones de nuestro país tienen problemas de legitimidad, autoridades con mandatos vencidos y, en otros casos, ni siquiera tiene el quórum para funcionar o están incompletas”.
A su vez, el primer ministro peruano, Aníbal Torres, se refirió al fallo, que deja sin efecto la anulación de un indulto para Fujimori, y consideró que con su resolución “el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes”. Agregó que el fallo “va en contra del ordenamiento jurídico en Perú” y “viola los derechos humanos de todos los peruanos”. Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, informó que el gobierno recurrirá a organismos de justicia internacional, en particular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para revertir este fallo.