El proceso judicial por esterilizaciones forzadas en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori comenzó esta semana. Un exministro de Salud, Eduardo Yong, dio su declaración el jueves ante el juez Littman Ramírez. Otros dos extitulares de esa cartera, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, que hoy es legislador fujimorista, también estaban citados pero no asistieron al juzgado, informó la agencia Efe. La defensa de Aguinaga alegó que no podía concurrir por motivos laborales.
Los tres están procesados por delitos contra la vida y la salud, y lesiones graves seguidas de muerte. Cinco personas murieron como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas y más de un millar sufrieron lesiones.
Las víctimas, sus abogados y familiares, y organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman que también Fujimori sea juzgado. Sin embargo, esto depende de que la Justicia de Chile lo avale. En 2005, el expresidente fue detenido en ese país y extraditado a Perú por otros delitos. Para que sea juzgado en este proceso, Chile debe ampliar los cargos de la extradición para cubrir también las esterilizaciones forzadas, como reclaman, entre otras organizaciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
De 1996 a 2000, el gobierno de Fujimori aplicó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que elevó el número de ligaduras de trompas y vasectomías. Unas 300.000 personas fueron esterilizadas y 2.000 de ellas denunciaron que fueron sometidas a la intervención sin su consentimiento, bajo amenaza o sin haber sido informadas. La mayoría de los denunciantes son mujeres pobres, indígenas, cuya lengua es el quechua.
“Fui al hospital María Auxiliadora a dar a luz y me esterilizaron el mismo día. Escondieron a mi hijo para condicionarme. Dijeron que si no aceptaba ligarme, no me lo traerían. Por la angustia de que se lo roben, acepté”, dijo una de las víctimas, María Elena Carbajal, al diario peruano La República. Su esposo la acusó de haberse esterilizado para tener otras parejas y los abandonó a ella y sus cuatro hijos, relató.
Otra de las víctimas, Rute Zúñiga, se resistió físicamente a que la esterilizaran. Pero la colocaron a la fuerza en una camilla y la anestesiaron, según dijo al periódico peruano. A Dilcia Cano dos “gringas” la convencieron de que sólo le harían un “cortecito”, pero se despertó del procedimiento con mucho dolor. De todos modos la dejaron en su casa. Días después tuvo que volver al hospital y pagar los costos del tratamiento por una infección causada por la esterilización.
Víctimas y sus familiares prestarán declaración para este juicio, con lo que se escucharán más de 750 testimonios. El miércoles, en una conferencia de prensa, las víctimas reclamaron que el caso quede a cargo de una fiscalía y un juzgado que se dediquen por entero a este proceso para permitir que avance. “El Estado tiene que brindar un camino óptimo de búsqueda de Justicia, por eso es muy importante que se tome la decisión, la voluntad política y económica de que haya un juzgado exclusivo para este caso”, afirmó Milton Campos, abogado del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.