Parte de la población de Lima y Callao se despertó este martes con la noticia de que estaba bajo un toque de queda, con la movilidad paralizada y militares vigilando las calles. El anuncio lo había hecho el presidente Pedro Castillo cerca de la medianoche del lunes: se aplicaría esa medida, que en Perú se llama “inmovilidad ciudadana”, en respuesta a una huelga de camioneros.
La protesta comenzó el 28 de marzo contra el aumento de los combustibles. En esos días de movilizaciones y cortes de rutas hubo decenas de detenidos y cuatro personas murieron en accidentes o circunstancias vinculadas con esos cortes, según las autoridades. El gobierno anunció medidas de exoneración de impuestos al consumo hasta junio para frenar el impacto de la suba de precios, pero la movilización continuó.
“El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”, anunció Castillo. Informó que se decretaba el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
El presidente dijo que la medida respondía a los “hechos de violencia que algunos grupos han querido crear”, y la “inseguridad y zozobra” que esto había causado en los accesos a las dos provincias. Agregó que las protestas deben enmarcarse en “la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada”.
Pero si bien estaba previsto que la medida se extendiera hasta la medianoche, durante la tarde, luego de acudir al Congreso tras recibir una invitación de la presidenta del órgano, María del Carmen Alva, y reunirse con legisladores de varios sectores, el presidente decidió revocar la medida. “Desde este momento, vamos a dejar sin efecto esta orden de inamovilidad que corresponde a llamar a la tranquilidad al pueblo peruano”, dijo Castillo durante la reunión en el Congreso, de acuerdo a lo que informó el diario limeño La República.
Antes de la revocación del toque de queda, Alva, integrante del partido opositor Acción Popular, había dicho que el gobierno no podía “impedir el funcionamiento del Congreso” y manifestó su voluntad para ayudar al Poder Ejecutivo a que pueda manejar esta crisis lo mejor posible.
La decisión inicial del gobierno fue repudiada tanto por la derecha como por la izquierda. Incluso Verónika Mendoza, la líder de Juntos por el Perú, un partido que ha apoyado al gobierno en el Congreso, manifestó en términos duros su rechazo al toque de queda. “El gobierno no sólo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos”, tuiteó Mendoza.
La excandidata presidencial manifestó su “total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes se impuso en el Corredor minero del Sur y otras regiones, y que nunca resolvió nada sino, por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente”. También Mirtha Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros de Castillo, repudió la medida y dijo que “los conflictos sociales no se solucionan con la represión ni imponiendo un estado de excepción que recorta derechos. Medidas autoritarias como esta sólo exacerbarán el malestar ciudadano que sufre la crisis económica”.
Las críticas llegaron también desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la principal entidad patronal de Perú, que en un comunicado calificó la medida como “desproporcionada”, “irresponsable e ilegal”, y adoptada “de manera improvisada y sin la debida motivación constitucional”.
En cambio, un congresista del partido de ultraderecha Renovación Popular, Jorge Montoya, respaldó la decisión del presidente y dijo que existía el peligro de que bajaran personas “de los cerros [zonas pobres] a saquear” Lima, según citó la agencia Efe.
Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, emitió una declaración en la que llamó al “cese definitivo” del toque de queda, por considerarlo “inconstitucional”. Luego presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que derogara el toque de queda. “Solicitamos se declare fundada la demanda y, por consiguiente, se disponga dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria”, pidió, así como “exhortar” a la presidencia y a varios ministerios a que se abstengan de “volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad”.