Las protestas en Ecuador en el marco del paro general llegaron este martes a su noveno día concentradas en la capital, adonde se dirigieron miles de indígenas y trabajadores rurales desde distintas provincias del país. En el centro de Quito se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes que intentaban llegar al parque El Arbolito, lugar emblemático de las protestas de 2019 contra el gobierno del exmandatario Lenín Moreno.
El gobierno, que decretó el estado de excepción en seis provincias, incluida Pichincha, donde se encuentra Quito, endureció su discurso en los últimos días. “La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, dijo el martes ante la prensa el ministro de Defensa, Luis Lara. El funcionario agregó que el “único objetivo” de algunas de esas personas “es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades”, según informó el diario local El Comercio.
Las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo”, dijo, y afirmó que “estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”. Según el ministro, los hechos “van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”. Lara advirtió que las Fuerzas Armadas “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y las leyes de la república”.
El lunes, el propio presidente, Guillermo Lasso, había dicho que las manifestaciones buscaban derrocarlo. “Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente”, dijo, y agregó: “Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia”.
Leonidas Iza, el presidente de la principal organización en la convocatoria a las protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), llamó a que las movilizaciones sean pacíficas, pero de todos modos hubo algunos incidentes violentos como ataques a la sede de la Fiscalía General y a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Las protestas también tuvieron efectos en el cierre de rutas y la cancelación de cerca de una docena de vuelos, más el retraso de varios otros. Este martes también se suspendieron servicios de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, “hasta que las condiciones en las vías sean favorables”. Durante el fin de semana el gobierno accedió a algunos de los reclamos de los manifestantes.
Dispuso la condonación de deudas vencidas de familias campesinas de hasta 3.000 dólares, y redujo a la mitad la tasa de interés para los créditos que están vigentes, de 10% a 5%. Aprobó además una subvención de hasta 50% de la urea, que se utiliza como fertilizante, informó la agencia de noticias Efe. Por otra parte, el Ejecutivo duplicó el presupuesto para la educación intercultural, uno de los reclamos específicos de los pueblos indígenas. Sin embargo, otras demandas siguen pendientes y mantienen la protesta activa. Los manifestantes reclaman que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, piden el control de precios de productos esenciales, y que se pague mejor a ciertos productores agrícolas. También demandan que queden sin efecto ciertas concesiones mineras y que se limite la expansión de esta actividad.
En una conferencia de prensa, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció el martes que un manifestante murió el lunes al caer a una quebrada. Según la entidad, esa persona, junto a un grupo de manifestantes, intentaba llegar a Quito y la Policía intentó detenerlos. “Debido a la fuerte represión por parte de policías y militares, cinco personas cayeron a una quebrada, una persona falleció y dos se encuentran en estado de gravedad”, informaron las organizaciones. Una integrante del Frente Nacional Antiminero, María Morillo, que se encontraba en el lugar cuando ocurrió esto, dijo que los manifestantes fueron reprimidos con “bombas lacrimógenas y gas pimienta”.
Además, según la alianza, hubo 61 manifestantes heridos, 18 de ellos graves, y 86 detenidos, entre ellos el propio Iza, que luego quedó en libertad provisional. Según el Ministerio del Interior, 61 policías y una decena de militares sufrieron lesiones desde que comenzaron las movilizaciones.