Un trabajo publicado esta semana por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización centenaria, pionera en la defensa de los derechos y garantías individuales en el país, reveló que los presos que trabajan en las cárceles estadounidenses producen alrededor de 11.000 millones de dólares al año en bienes y servicios, pero que a cambio reciben una paga escasa y en algunos casos ninguna.
Según el informe, consignado por el portal político estadounidense The Hill, los trabajadores encarcelados ganan en promedio entre 13 y 52 centavos por hora. En el estudio se constató además que, en la mayoría de los casos, el gobierno se queda con hasta 80% del pago por alojamiento y comida, costos judiciales, restitución y otras tarifas, incluida la construcción y el mantenimiento de prisiones.
En detalle, los presos que trabajan producen más de 2.000 millones de dólares al año en bienes y más de 9.000 en servicios para el mantenimiento de las prisiones. Según el informe, las deducciones salariales dejan a los trabajadores con menos de la mitad de su salario bruto, con el que se espera que puedan cubrir el costo de sus propios productos de higiene y atención médica. Pero casi 70% de los trabajadores encarcelados que fueron encuestados dijeron que no pueden pagar las necesidades básicas con los sueldos que perciben por los trabajos que realizan en la cárcel.
Algunos trabajadores perciben salarios ligeramente superiores al promedio trabajando para “industrias penitenciarias estatales”, que suelen ser programas administrados para producir bienes o brindar servicios a otras agencias gubernamentales. Ese trabajo incluye la fabricación de muebles, artículos de limpieza y uniformes para otros trabajadores del gobierno, lavar ropa para hospitales públicos o universidades.
El informe también encontró que los presos que trabajan en siete estados –Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi, Carolina del Sur y Texas– no reciben compensación alguna por la mayoría de su trabajo.
La ACLU también reveló en su estudio que más de 75% de los trabajadores encarcelados encuestados por la Oficina de Estadísticas de Justicia dicen que “se les exige que trabajen o en caso contrario sufren castigos adicionales como confinamiento, la negación de oportunidades para reducir su sentencia y la pérdida de visitas familiares”.
Según el informe, las personas recluidas no pueden elegir qué tipo de trabajo realizan y supuestamente están “sujetas a decisiones arbitrarias, discriminatorias y punitivas por parte de los administradores penitenciarios que seleccionan sus asignaciones de trabajo”.
Muchos trabajadores de las cárceles también realizan tareas peligrosas en condiciones inseguras, pero como no hay datos suficientes se desconoce la cantidad real de personas lesionadas en el marco de sus tareas, agregó el informe.
“El trabajo penitenciario es inherentemente coercitivo y explotador. Los trabajadores encarcelados no están protegidos por las leyes laborales estándar, como el salario mínimo, la protección de horas extras, el derecho a sindicalizarse y las garantías de seguridad en el lugar de trabajo”, se expresó desde la ACLU.
Los autores del informe exigieron que las cárceles aumenten los salarios de los trabajadores encarcelados para permitirles pagar gastos como “manutención de niños, llamadas telefónicas a casa, mientras mantienen a sus familias y ahorran para un eventual reingreso a la sociedad”.
Actualmente, en Estados Unidos hay más de 1,2 millones de personas encarceladas en prisiones estatales y federales, de las cuales aproximadamente dos tercios, 800.000 personas, realizan algún tipo de trabajo.