El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra 11 funcionarios del estado mexicano de Sinaloa, entre ellos el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.

De acuerdo con lo que informó el portal mexicano Animal Político, la Justicia estadounidense argumenta que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades –“cantidades masivas”– de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C Cole.

Según los documentos de acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Rocha se habría beneficiado de un presunto vínculo con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para resultar electo en 2021, después de que los llamados Chapitos lo ayudaran “secuestrando e intimidando a sus rivales”.

La acusación, que también incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, fue rechazada por el gobernador Rocha, quien se mostró confiado en que podrá demostrar que “carece de veracidad y fundamento” y está motivada por la intención de perjudicar al partido de gobierno en México, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sector político izquierdista liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que integran tanto Rocha como Gámez e Inzunza.

Desde la cancillería mexicana confirmaron haber recibido este miércoles las solicitudes de extradición, aunque no mencionaron los nombres de las personas acusadas por las autoridades estadounidenses.

De todas maneras, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que los documentos enviados desde Estados Unidos no presentan “elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.

Además, la cartera anunció que presentará una protesta a Washington por la forma en que se dio a conocer la información, ya que argumentan que en los tratados de extradición existentes entre ambos países “hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación contra los funcionarios y subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”, de acuerdo con lo que informó el portal France 24.

Desde la representación diplomática de Washington en territorio mexicano se expresó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia.