La plaza Murillo, situada en el centro de la ciudad de La Paz, frente a la sede del Poder Ejecutivo boliviano, fue este lunes escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes, que llegaron hasta el lugar exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y la Policía.
Medios locales informaron que los movilizados estuvieron más de dos horas enfrentándose con las fuerzas represivas, en un contexto de extrema inestabilidad en el país, con el gobierno de Paz tratando de salir de una situación muy compleja, marcada por su falta de apoyo político ante una crisis generada por varios factores, pero que tiene como trasfondo la difícil situación económica que atraviesa el país.
De acuerdo con lo que informó el diario paceño La Razón, los movilizados, integrantes de varias organizaciones sociales y de trabajadores, usaron dinamita, palos y lanzaron piedras con hondas para agredir a los policías; mientras que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes, que convirtieron el centro de la capital boliviana en un campo de batalla.
Ante la escalada de violencia registrada, el alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, pidió este lunes instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados, con la mediación de la Iglesia y organismos internacionales. “Por eso solicitamos que puedan sentarse a una mesa de diálogo y convocamos a los organismos internacionales para que puedan ser mediadores. Convocamos también a las iglesias para que actúen como mediadoras”, dijo en una conferencia de prensa Dockweiler, exintegrante del Movimiento al Socialismo.
Una de las entidades que con más fuerza están impulsando las movilizaciones contra el presidente Paz es la Central Obrera Boliviana, y por esta razón el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, pidió la captura del secretario general de la entidad, Mario Argollo, y de otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país.
Mariaca informó, desde Sucre, que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante los conflictos sociales, que ya ingresaron en su tercera semana y que mantienen bloqueadas varias carreteras estratégicas del país.
En las últimas horas, el gobierno acusó a Argollo y otros dirigentes sindicales y campesinos de promover acciones violentas y buscar la desestabilización del Ejecutivo. Argollo se convirtió en una de las principales figuras de las protestas impulsadas junto con sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas, fabriles y mineros que avanzaron este lunes hacia el centro político paceño.
Paralelamente, el fiscal Mariaca informó que solicitó un informe al Comando Departamental de la Policía de Tarija para esclarecer las razones por las que aún no se ejecutó la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en el caso de trata y tráfico de personas que lo involucra.
La autoridad explicó que el requerimiento fue emitido este lunes y establece un plazo de 24 horas para que la Policía detalle las acciones asumidas para cumplir el mandamiento judicial.
Mientras los incidentes y protestas están centrados casi exclusivamente en la ciudad y el departamento de La Paz, en otras zonas del país la situación es de absoluta calma, aunque lo que está sucediendo en la capital no les es ajeno.
Así es que desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital económica de Bolivia, dirigentes de gremiales patronales exigieron acciones concretas al gobierno de Paz para lograr el desbloqueo de las carreteras para permitir la libre circulación de personas y mercancías.
De acuerdo con lo que informó el diario El Deber, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Oswaldo Barriga Karlbaum, se pronunció tras participar en la Asamblea de la Cruceñidad, donde exigió al gobierno asumir medidas más drásticas para garantizar el orden.
Barriga señaló que el Ejecutivo debe hacer cumplir la normativa vigente y, de ser necesario, declarar el estado de excepción para frenar las movilizaciones y bloqueos que afectan al aparato productivo.
En una línea similar se expresó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, que lanzó duras críticas contra los bloqueos que afectan a La Paz y otras regiones del país, a los que calificó como una forma de “terrorismo sindical”, y propuso abrir la Constitución Política del Estado para redistribuir competencias hacia los departamentos.