El anuncio del gobierno de Estados Unidos de que en junio dejará de funcionar el centro de detención para inmigrantes sin papeles conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de Florida, fue celebrado por organizaciones militantes por los derechos humanos. Sin embargo, sus activistas recordaron que no es la única instalación en la que se violan los derechos humanos de los migrantes en el país. Además, la noticia causó preocupación también en las familias de quienes siguen encerrados allí, porque no está clara cuál será su situación a partir de junio.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), a comienzos de abril 1.400 personas estaban recluidas allí.
Arianne Betancourt, hija de Justo Betancourt, un cubano de 54 años que fue detenido en ese centro, expresó sus temores y reclamó una investigación independiente sobre la situación de su padre. Dijo al canal de Florida Telemundo 51 que fue detenido durante una audiencia rutinaria de control migratorio y encerrado en el Centro de Detención Krome, también en Florida. De allí lo trasladaron a Texas, intentaron deportarlo a México, que le negó el ingreso, y finalmente lo llevaron a Alligator Alcatraz. Su familia es una de muchas que denuncian las condiciones extremas en ese centro que abrió en 2025.
A fines de ese año, una investigación de Amnistía Internacional reportó que “las personas detenidas arbitrariamente” en esa cárcel “viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duerme la gente, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de intimidad, que incluye la instalación de cámaras sobre los retretes”, entre otros tratos que “constituyen tortura”. Alligator Alcatraz se construyó en los Everglades, una zona pantanosa en la que tienen su hábitat insectos, serpientes y caimanes.
Amnistía Internacional señaló que ese centro “funciona sin ninguna supervisión federal”, lo que facilita abusos como un “régimen de incomunicación” que “constituye desaparición forzada cuando a la familia de una persona recluida en el centro se le niega la información sobre el paradero de esta y no se le permite el contacto con un abogado”. El informe abarca también la situación en el centro Krome, donde las condiciones no son mejores.
“Florida se ha convertido en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del gobierno de [Donald] Trump. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, el estado ha intensificado la criminalización de la migración y ha utilizado amplios poderes de emergencia para incrementar rápidamente las detenciones en masa”, agrega la organización.
Según informó The New York Times, el gobierno de Trump decidió cerrar este centro porque es caro mantenerlo en funcionamiento. Implica un millón de dólares diarios y Florida está esperando un reembolso del gobierno federal de 608 millones de dólares. Todo esto determinó la decisión de que las personas detenidas allí sean evacuadas en junio y se desmantele después esta instalación.
El gobernador DeSantis, un defensor de construir este centro, dijo días atrás que en realidad había sido pensado como una instalación “temporal”, no permanente. Afirmó que Alligator Alcatraz hizo posible la deportación de 22.000 personas que sin esta política “habrían salido de nuevo a comunidades de Florida”.
El anuncio del cierre de Alligator Alcatraz fue celebrado por distintas organizaciones sociales. Una de ellas fue la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, que había anunciado una acción legal contra el estado de Florida por los tratos inhumanos y la falta de acceso a defensa legal que denunciaron los detenidos.
Yurina Gil, una inmigrante cubana que se postula por el Partido Demócrata a una banca de congresista por Florida, dijo a la agencia de noticias Efe que es necesario recordar que si bien cierra este centro del ICE, “hay muchos otros” en los que las personas reciben los mismos tratos inhumanos. Con ella coinciden activistas que se movilizan cada semana desde hace diez meses en Florida para pedir el cierre de este lugar que consideran un símbolo de la crueldad contra los migrantes.