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El juez brasileño Alexandre de Moraes mientras asume el cargo de titular del Tribunal Superior Electoral, 16 de agosto de 2019, en la sede del TSE en Brasilia.

Foto: Antonio Augusto, AFP, TSE

La Justicia brasileña ordenó registrar viviendas de empresarios que compartían mensajes golpistas

2 minutos de lectura
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El operativo busca determinar si existe un vínculo entre los investigados y el financiamiento de actos antidemocráticos.

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Leído por Mathías Buela.
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La Policía Federal de Brasil llevó adelante este martes varios allanamientos e incautaciones en cumplimiento de una orden judicial para investigar a ocho empresarios denunciados por compartir mensajes golpistas.

La investigación comenzó luego de que la semana pasada un reportaje del periodista Guillerme Amado, del medio digital Metropoles, hiciera públicas las conversaciones de un grupo de Whatsapp llamado “Empresarios & Política”. El informe periodístico dio a conocer las afirmaciones de los empresarios acerca de su apoyo a un golpe de Estado en caso de que Luiz Inácio Lula da Silva gane las elecciones presidenciales que se celebrarán el 2 de octubre.

Uno de ellos, identificado como José Koury, decía: “Prefiero un golpe que la vuelta del PT [Partido de los Trabajadores]. Un millón de veces. Y con certeza nadie va a dejar de hacer negocios con Brasil. Como hacen con varias dictaduras por el mundo”.

En sus mensajes, los empresarios -entre ellos, dueños de shopping centers, marcas de ropa y constructoras- también respaldaban las afirmaciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ponen en duda, sin elementos de prueba alguna, el sistema de votación electrónica del país, según informó Carta Capital. En sus intercambios de mensajes los empresarios manifestaban además su apoyo a los actos que el oficialismo prepara para el 7 de setiembre, cuando se celebren los 200 años de la independencia -el Grito de Ipiranga-, instancia en la que Bolsonaro se propone hacer una demostración de fuerza convocando a sus partidarios. Los empresarios manifestaban su voluntad de que los ciudadanos se “unan a los militares” y “quede claro de qué lado está el Ejército”.

Del mismo modo, los mensajes reflejaban el apoyo de los empresarios a movimientos de ultraderecha que exigen una intervención militar para clausurar el Parlamento y el Supremo Tribunal Federal (STF), informó la agencia Efe.

A partir de la publicación en Metrópoles, la Coalición para la Defensa del Sistema Electoral, una organización que reúne a más de 200 entidades y movimientos sociales, denunció a los empresarios bolsonaristas por “predicar de manera directa el apartamiento de la democracia representativa, con el retorno del estado de excepción, dejando de reconocer el resultado de las elecciones libres y directas que serán realizadas en octubre”. La organización también pedía que se incorporara esta información a la investigación sobre milicias digitales que lleva adelante el STF.

En respuesta, el ministro de esa corte, Alexandre de Moraes, ordenó a la Policía Federal investigar a los ocho empresarios, allanar sus domicilios y requisar pruebas. También accedió a levantar el secreto que resguarda las conversaciones telefónicas, así como el secreto bancario, para investigar si estas personas financian actos antidemocráticos para el 7 de setiembre, informó Carta Capital.

Según un comunicado de la Policía Federal, las órdenes de allanamiento fueron cumplidas en varios estados del país: San Pablo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.

“La acción del ministro Alexandre de Moraes, en respuesta rápida a la demanda de la sociedad civil organizada, es una excelente señal de que las instituciones democráticas no aceptan amenazas contra el sistema electoral y el Estado democrático y de derecho, y de que el Poder Judicial actuará con rigor para defender la democracia”, manifestó la Coalición en un comunicado. “La democracia no puede tolerar la convivencia con quien quiere sabotearla”, había afirmado al hacer la denuncia el senador del partido Rede Randolfe Rodrigues, uno de los integrantes de la coalición.

Después de que se conocieran las conversaciones, Koury afirmó en un comunicado: “No somos conspiradores ni partidarios de ningún golpe. Los mensajes obtenidos en un grupo privado de amigos fueron distorsionados en su sentido y contexto”.

Los operativos policiales tuvieron lugar un día después de que Bolsonaro afirmara, el lunes, en una entrevista en el canal Globo, que respetará el resultado de las elecciones del 2 de octubre siempre que se realicen de una forma “limpia y transparente”. “Sea cual sea el resultado, con elecciones limpias y transparentes, los resultados tienen que ser respetados”, dijo. La entrevista tuvo como respuesta caceroleos en varias ciudades.

En todas las encuestas de intención de voto, Bolsonaro aparece en segundo lugar, después de Lula, que le lleva una ventaja del entorno del 15%.

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