En un comunicado publicado este lunes, 15 expertos de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el fuerte aumento de los ataques contra civiles en todos los territorios palestinos durante julio.
A pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, las fuerzas israelíes asesinaron a unos 160 palestinos en la Franja de Gaza. De este modo, el número de muertos en el territorio gazatí desde el cese de hostilidades se elevó a más de 1.200.
“La mayoría de los asesinatos ocurrieron en zonas de desplazamiento densamente pobladas como Al-Mawasi, lejos de la llamada línea amarilla. Ningún lugar en Gaza es seguro”, afirmaron los expertos en un comunicado publicado en el portal oficial de la ONU.
Los relatores especiales denunciaron con alarma que bloques residenciales enteros reciben órdenes de evacuación justo antes de que los aviones israelíes los destruyan, profundizando la ya grave crisis de vivienda que existe en casi todas las zonas de Gaza.
“El continuo avance hacia el oeste de la llamada línea amarilla, la construcción de una barrera de 23 kilómetros a lo largo de esta y la detonación sistemática de edificios residenciales están reconfigurando la geografía de Gaza ilegalmente ocupada mediante la fuerza y el desplazamiento”, afirmaron.
Los expertos también condenaron los ataques contra hospitales y refugios, la muerte de agentes de policía y personal contratado por la ONU, los ataques contra pescadores, y los secuestros y abusos cometidos por grupos armados que supuestamente colaboran con el ejército israelí, así como la muerte de trabajadores humanitarios. “El genocidio continúa sin cesar”, puntualizaron.
En cuanto a la crisis humanitaria, los funcionarios advirtieron que la ayuda alimentaria todavía no está entrando libremente en Gaza, mientras que los productos introducidos a través de canales comerciales son en buena medida ultraprocesados y no son nutricional ni culturalmente adecuados.
“Con las tierras de cultivo y el agua potable inaccesibles y los insumos agrícolas bloqueados, los palestinos no pueden alimentarse por sí mismos”, agregaron los expertos en el comunicado, en el que enfatizaron que la carga recae con mayor peso en los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. También señalaron que la inseguridad alimentaria está alimentando un aumento de la violencia de género y del matrimonio infantil.
En Cisjordania, incluyendo la zona este de Jerusalén, los expertos lamentaron la muerte de al menos 14 palestinos en julio, la mayoría de ellos en los últimos diez días, así como muertes derivadas de las restricciones de movimiento. Entre ellas se cuentan la de un bebé de cuatro meses y el aborto espontáneo de una mujer embarazada después de que las ambulancias fueran bloqueadas en puestos de control militares.
Los expertos quedaron particularmente conmocionados por el aumento del terror de los colonos, que culminó el 24 de julio en la localidad de Tell, al suroeste de Nablus. Allí cuatro hombres palestinos de una misma familia fueron tiroteados y asesinados durante enfrentamientos en los que participaron colonos armados y soldados.
En los días siguientes, unos 80 residentes de Tell fueron detenidos y más de 20 pogromos o ataques organizados fueron registrados en toda Cisjordania en un solo fin de semana.
“El terror de los colonos no es espontáneo; opera con la protección, y a menudo la participación, de las fuerzas de ocupación israelíes, en conjunto con la expansión récord de asentamientos, demoliciones masivas, incautaciones de tierras y el cierre prolongado de campos de refugiados, todo eso sostenido y alentado por miembros del gabinete israelí”, denunciaron.
Los expertos recordaron que en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia declaró que la presencia continuada de fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado es ilegal, y pidió que se le ponga fin lo más rápidamente posible.
“Dos años después, en lugar de verse obligado a cumplir, se ha permitido a Israel acelerar precisamente las políticas que la Corte declaró ilegales”, afirmaron.
“Los estados que ayudan o asisten a Israel, política, militar o financieramente, a mantener esta situación ilegal están ellos mismos violando el derecho internacional. Esto golpea el corazón del orden jurídico multilateral, más aún en medio de un genocidio y de una campaña declarada abiertamente de limpieza étnica”, concluyeron.