Hungría ya no puede ser considerada una democracia plena, de acuerdo a una resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo –órgano legislativo de la Unión Europea (UE)–, lo cual significa un duro golpe contra el gobierno que preside el ultraderechista Viktor Orbán.
En una decisión respaldada por 81% de los eurodiputados presentes para votar –entre otros sectores, no apoyaron la iniciativa el partido español Vox y los italianos Hermanos de Italia y Liga–, el parlamento comunitario declaró que Hungría es de hecho un “régimen híbrido de autocracia electoral”, donde se produjo una ruptura de la democracia y se afectan los derechos fundamentales y el Estado de derecho.
Según informó eldiario.es, en la resolución el Parlamento Europeo condenó expresamente los “esfuerzos deliberados y sistémicos del gobierno húngaro” para socavar los valores comunes europeos. Además, reclama resultados en el procedimiento del llamado Artículo 7, es decir el proceso abierto contra Hungría y votado en la Eurocámara en setiembre de 2018 debido al camino autoritario que se estaba y se está viendo en el país.
En su declaración hecha pública el jueves, los diputados comunitarios lamentan la incapacidad que demostró el Consejo Europeo en estos últimos cuatro años para frenar el retroceso democrático en la nación magiar y advirtieron que seguir retrasando la adopción supone una vulneración del principio del Estado de derecho por parte del propio Consejo, informó El Periódico de Barcelona.
En su informe final sobre la situación los parlamentarios le realizaron una serie de pedidos urgentes a la Comisión Europea, órgano que encabeza la alemana Ursula von der Leyen, quien el jueves estaba en Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Entre las peticiones planteadas están la de no aprobar el plan de recuperación de Hungría mientras el país no cumpla con todas las recomendaciones del semestre europeo y aplique las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE. También reclaman excluirlo de la financiación de programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de derecho, y aplicar el mecanismo sobre condicionalidad del presupuesto que permite congelar fondos europeos.
En este momento el gobierno húngaro está intentando persuadir a la Comisión Europea para que libere hacia Budapest 4.640 millones de euros en fondos de recuperación por la pandemia de coronavirus, congelados desde hace más de un año. El gobierno de Orbán también está tratando de evitar un procedimiento legal separado que podría dar lugar a deducciones de 24.300 millones de euros de fondos de cohesión, dinero para infraestructura y desarrollo económico.
Las relaciones entre la nación magiar y la mayoría de los otros países que integran la UE vienen sufriendo un notorio deterioro desde hace un largo tiempo. Los dichos y las políticas racistas y discriminadoras del gobierno de Orbán, quien gobierna el país centroeuropeo en forma ininterrumpida desde mayo de 2010, sumó en los últimos tiempos un nuevo elemento de crispación, ya que el líder magiar es muy cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y en todo momento se mostró reacio a las sanciones impuestas por el bloque a Moscú por su invasión a Ucrania.
En medio de esta confrontación entre las autoridades del bloque y Budapest, hace poco tiempo, en julio, la Comisión Europea decidió llevar a Hungría ante la Justicia comunitaria por las legislaciones que discriminan a la población no heterosexual y también por no renovarle la licencia de transmisión a la radio independiente más importante del país, Klubrádió.