Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó ayer una visita a Perú que durará hasta mañana, en la que los representantes del organismo se reunirán con autoridades, víctimas y familiares de las víctimas de las protestas sociales que tienen lugar en el país desde el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado y posteriormente fue reemplazado por la actual mandataria, Dina Boluarte.
Tal como recordó el portal Ojo Público, la llegada a Perú de los representantes de la CIDH se produce en un contexto de gran convulsión social y represión de las fuerzas del orden, que dejó un saldo de 40 personas fallecidas (39 civiles y un policía) en los enfrentamientos producidos durante las movilizaciones.
La delegación de la CIDH planeaba viajar tanto a Puno como a Ayacucho, los dos departamentos andinos del país en los que murió más gente durante las protestas, pero finalmente no lo podrán hacer debido al cierre de aeropuertos vigente en esos lugares. De esta manera, los enviados de la CIDH tendrán reuniones en Lima, Arequipa e Ica. Ayer la misión fue recibida por la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y ministros de Estado. La delegación también sostuvo reuniones con víctimas, familiares y organizaciones sociales.
Además, se reunirán con miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Defensoría del Pueblo.
Mientras en la ciudad de Juliaca, en Puno, las manifestaciones cesaron y ayer la nota predominante en las calles fueron los cortejos fúnebres de las 17 personas asesinadas por las fuerzas represivas –el otro fallecido en las protestas fue un policía que murió quemado vivo dentro de un patrullero que fue incendiado–, hubo manifestaciones en los departamentos sureños de Cusco y Tacna, donde se produjeron choques con la Policía, aunque sin registrarse víctimas.
La gravedad de los hechos ocurridos en Juliaca seguramente tendrá consecuencias que incluso pueden llegar a la presidenta Boluarte, que figura entre las personas acusadas por la Fiscalía por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Ayer el diario limeño La República informó que el coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó que todas las personas que murieron en Juliaca fueron impactadas por proyectiles de armas de fuego. Chávez desmintió así la versión del supuesto cambio en el motivo de deceso por objetos lanzados con ondas o armas punzocortantes. “Dicen que hemos enviado fiscales de Lima para cambiar los protocolos de necropsia. Eso es falso. Todo lo ha visto el fiscal Guido Pilco”, afirmó Chávez.
La situación es de extrema gravedad y además no ha sido abordada de manera adecuada por las autoridades, comenzando por Boluarte, quien únicamente se manifestó sobre los hechos ocurridos en Juliaca cuando le informaron sobre el primer muerto. La presidenta dijo “no entender el motivo” por el cual seguían las movilizaciones y consideró que se estaría usando algunos reclamos que “no está en sus manos solucionar” como “pretexto para seguir provocando el caos entre la población”.
Pero la línea parece haberla pasado el ministro del Interior y responsable de la gestión de las fuerzas policiales, Víctor Rojas, quien en declaraciones públicas consignadas por medios peruanos pretendió minimizar los excesos de los policías en Juliaca. “Instigaron y no se pudo controlar”, dijo Rojas, quien calificó al grupo de manifestantes como una “turba” que planeaba “crear caos sobre el caos”.