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Mundo Europa
Migrantes en un campamento provisional en Ceuta, norte de África (archivo, octubre de 2026). · Foto: Tomás Coex, AFP

Migrantes en un campamento provisional en Ceuta, norte de África (archivo, octubre de 2026).

Foto: Tomás Coex, AFP

Pedro Sánchez rechazó la iniciativa de cinco países europeos de deportar migrantes a Ruanda

“Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos”, dijo el mandatario español sobre la medida promovida por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.

La noticia de la firma de un acuerdo el lunes en Viena entre cinco países integrantes de la Unión Europea (UE) y Ruanda, para que el país africano tenga un centro de acogida de migrantes a los que se les ha rechazado una solicitud de asilo y tienen pendiente una orden de expulsión, pero cuyos países de origen no pueden o no quieren recibirlos, está generando enormes polémicas.

Los Ejecutivos conservadores que lideran Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos valoran positivamente el acuerdo al que llegaron con el gobierno ruandés del presidente Paul Kagame, el líder que emergió después del atroz genocidio perpetrado en el país en pocos meses durante 1994.

Luego de este episodio enormemente traumático, Kagame lideró al país de manera autoritaria, impulsó una serie de profundas reformas que mejoraron la calidad de vida de la población y promovió además una imagen renovada de Ruanda hacia el mundo. En ese marco, hace no mucho tiempo Reino Unido, bajo el gobierno del conservador, Rishi Sunak pretendió impulsar un acuerdo similar entre su país y Ruanda, una iniciativa que fue duramente criticada por organizaciones humanitarias.

Finalmente, en noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó la ilegalidad de las deportaciones a Ruanda, dando por tierra con el plan de Sunak, de breve y poco recordado mandato.

Ahora el plan de enviar migrantes a Ruanda está siendo criticado por algunos sectores políticos dentro de los países firmantes del acuerdo.

En Alemania, el gobierno que preside el canciller Fredrich Merz presupuestó 20 millones de euros para deportar a Ruanda a 40 personas el año que viene. Esto fue cuestionado por Sebastian Fiedler, responsable de política interior del Partido Socialdemócrata, sector que forma parte del gobierno de coalición que lideran los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana y sus socios bávaros de la Unión Social Cristiana.

“Un plan como este, con un dictador [Kagame], que somete al país con mano de hierro, abre muchos interrogantes”, declaró Fiedler al portal Politico. “Y que gastemos tanto dinero para 40 personas no soluciona ningún problema”, agregó.

Pero el tema se metió además de lleno en la campaña electoral española previa a los comicios del 29 de noviembre. “No veo futuro ni humanidad” en esta idea afirmó el presidente Pedro Sánchez.

Según recordó la cadena La Sexta, el pacto con el gobierno ruandés llega un mes después de que la UE aprobara el 1º de octubre, una normativa que permite establecer centros de deportación fuera de sus fronteras. La iniciativa sigue el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con los centros de migrantes en Albania, y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. España fue el único país que votó en contra de la norma, mientras que Bélgica se abstuvo.

“Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos”, agregó el líder del Partido Socialista Obrero Español.

En contrapartida, Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox dijo que “le gusta” la medida, y desde el Partido Popular evitaron referirse específicamente al tema, aunque medios españoles informaron que en el programa de gobierno del partido derechista se promueve una medida muy similar.

Por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, quien se encuentra en estos momentos afrontando una crisis migratoria muy importante en el territorio que gobierna consideró la medida “un auténtico disparate” porque cree que “no va a conseguir nada”, sino más bien “más muertes y más trata de personas”.

Mientras tanto la candidata al gobierno por el izquierdista Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, pidió al gobierno de Pedro Sánchez que recurra la medida al Tribunal de Justicia de la UE. “Es una violación de derechos humanos flagrante, inaceptable. Eso ya lo intentó Italia y fracasó”, expresó la política catalana.