Con su amplia representación en el Congreso, la ultraderecha brasileña impulsa una ofensiva para revertir fallos del Supremo Tribunal Federal y abrir debates políticos sobre derechos ya reconocidos.
Así, impulsó tiempo atrás una ley para limitar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, y ahora está haciendo lo mismo con una iniciativa para prohibir el matrimonio igualitario.
En Brasil el derecho de las parejas de un mismo género a casarse no está reconocido en una ley específica, pero sí en un pronunciamiento de 2011 del Supremo Tribunal Federal. En ese fallo la máxima corte del país entendió que el matrimonio no era exclusivo para las parejas heterosexuales.
Contra ese pronunciamiento se presentó la iniciativa que esta semana fue aprobada por una comisión parlamentaria.
El Partido Liberal (PL), del expresidente Jair Bolsonaro, recuperó un proyecto de 2007 que proponía una especie de unión civil patrimonial, y argumentó que este asunto estaba en discusión en el Congreso cuando la corte se pronunció.
El nuevo proyecto es impulsado por el diputado del PL, Francisco Eurico da Silva, también conocido como pastor Eurico, quien fue el encargado de presentarlo ante la Comisión de Derecho Previsional, Asistencia Social, Infancia, Adolescencia y Familia. En ese ámbito, Eurico argumentó que la Justicia “usurpó la competencia del Congreso Nacional, ejerciendo una actividad de legislar incompatible con sus funciones típicas”, y que lo hizo basándose en “propósitos ideológicos”, señaló O Globo.
Cinco diputados se opusieron a su iniciativa, pero otros 12 la aprobaron. La votación tuvo lugar después de un fuerte debate, mientras fuera del recinto se desarrollaban protestas. Ahora el texto deberá ser debatido por otras dos comisiones legislativas y, si es aprobado, lo tratará el plenario de Diputados y podría pasar al Senado.
La diputada Erika Hilton, integrante del Partido Socialismo y Libertad y una de las primeras legisladoras trans de Brasil, cuestionó en su cuenta de la red social X el procedimiento por el que fue aprobada esta iniciativa. Según expuso, se incumplió un acuerdo de formar un grupo de trabajo para elaborar un nuevo informe al respecto.
Pero, sobre todo, Hilton cuestionó el contenido del proyecto y del informe expuesto por Eurico. Denunció que en esa exposición se usa tres veces la palabra “homosexualismo”, asociada al término “enfermedad”, que se repite cinco veces. Afirmó que “intensifica los ataques contra las personas LGBTQIA+ y prohíbe el casamiento y hasta las uniones estables entre parejas homoafectivas”.
“Hasta los hijos de parejas homoafectivas son atacados en ese informe, que dice que los niños criados por homosexuales 'son privados del valor pedagógico y socializador de la complementariedad natural de dos sexos en el seno de la familia'”, señaló Hilton.
La diputada dijo que una vez aprobado ese “horror inconstitucional en la Comisión de la Familia”, el texto pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Minorías e Igualdad Racial, de la que ella es vicepresidenta, y prometió que trabajará “incansablemente contra ese ataque a las familias homoafectivas”.
“La derrota de hoy duele, pero ese dolor no nos va a inmovilizar. Nuestra comunidad conoce su fuerza y seguirá en lucha incansable contra aquellos que quieren que volvamos a la marginalidad y vivamos una subciudadanía”, agregó Hilton.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que si este proyecto prospera, lo vetará. De todos modos, luego de esa decisión, la ley volvería al Congreso para que sea debatida otra vez, y eventualmente el veto puede ser levantado. Pero no se prevé que en este caso cuente con el apoyo suficiente para llegar a esa instancia, según la prensa local.
Desde que el matrimonio igualitario se habilitó en el país, se celebraron unos 76.000 casamientos entre parejas del mismo género. En 2013, el Consejo Nacional de Justicia ordenó que esos matrimonios se celebraran en las oficinas del registro civil de todo Brasil.
La abogada especializada en derecho LGBT+ Izadora Barbieri dijo a CNN Brasil que el fallo del Supremo Tribunal Federal tiene fuerza de ley y habilita la “formalización de entidades familiares, dando garantía a otros derechos, como la adopción”. Barbieri también señaló que esta iniciativa del Congreso crea una “enorme inseguridad jurídica”, pese a que es “totalmente inconstitucional”.