Durante el primer mes de acciones contra la minería ilegal en la reserva indígena yanomami, en el estado amazónico de Roraima, la Policía de Brasil destruyó unos 200 campamentos establecidos por mineros que actúan en esa zona protegida. Además, se confiscaron 84 embarcaciones, dos aeronaves, miles de litros de combustible, generadores de energía, armas y municiones, informó la agencia Efe. También se incautó mercurio, que se utiliza en la minería y que es un factor de contaminación para el territorio y sus habitantes.
Por otra parte, la Policía inició 40 investigaciones sobre minería ilegal, por las cuales fueron bloqueados casi cinco millones y medio de dólares de cuentas bancarias de sospechosos. Otra investigación fue abierta para indagar si se cometió genocidio contra el pueblo yanomami.
La Policía Federal de Brasil anunció esta semana que retomó el control de Homxi, una de las regiones con mayor presencia de la minería ilegal dentro de la tierra indígena yanomami, informó el diario carioca O Globo. Allí los policías quemaron campamentos y también maquinaria utilizada por los mineros.
La decisión se debió a la situación crítica en que se encontraba esa comunidad por el impacto de la malaria, la desnutrición severa y la contaminación de sus fuentes de agua y alimento. Ese decreto permitió movilizar recursos y enviar profesionales de la salud y canastas con alimentos a zonas cercanas a la reserva.
Durante el anterior gobierno, liderado por Jair Bolsonaro, la minería ilegal se expandió en la Amazonia ante la reticencia de las autoridades a proteger a las comunidades y las tierras indígenas. El actual gobierno intenta revertir esa situación.
La semana pasada, una comisión temporal del Senado creada específicamente para atender esta crisis y con 120 días para actuar, informó que 19.000 mineros ilegales abandonaron la reserva. El titular de la comisión, Chico Rodrigues, dijo que sólo quedan unos 800. Según citó Telesur, Rodrigues agregó que espera que para finales de marzo la reserva podrá quedar “totalmente libre” de minería ilegal.
El lunes Lula se comprometió a retomar “rápidamente” la demarcación de tierras indígenas, que se detuvo durante el gobierno de Bolsonaro. Dijo que pidió a la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, Joenia Wapichana, y a la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, que aceleren esos procesos.
“Necesitamos rápidamente legalizar las tierras indígenas que estén en las últimas fases de estudio para que [sus habitantes] puedan aumentar su capacidad de producción y ayudar a cuidar el clima”, dijo el presidente ante los líderes reunidos en la 52ª Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Roraima.
En ese encuentro, que reúne a unos 2.500 representantes indígenas de nueve etnias, Lula afirmó que se expulsará “definitivamente” a los mineros ilegales y dijo que los yanomamis “fueron masacrados” por ellos, según informó Folha de São Paulo. Por otra parte, prometió “invertir mucho” en mejorar la salud en la reserva con la creación de puestos de atención permanentes.
El presidente brasileño manifestó además que el oro que se encuentra en esa zona “no es de nadie, está ahí porque lo puso la naturaleza, y nadie tiene el derecho de moverlo sin la autorización de los pueblos indígenas”.