La situación que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva encontró en el territorio yanomami, situado en los estados de Amazonas y Roraima, lo llevó a declarar la “emergencia sanitaria” de “importancia nacional” en esa región. Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, recién creado, 570 niños pertenecientes a ese pueblo murieron en los últimos cuatro años “por contaminación de mercurio [usado en la minería ilegal], desnutrición y hambre”.

La reserva yanomami es la mayor reserva indígena de Brasil, habitada por unas 27.000 personas e invadida en los últimos años por miles de garimpeiros, personas que se dedican a la minería, en muchos casos de manera ilegal. A la contaminación causada en las aguas por esa actividad se sumaron la desnutrición y el “abandono” en materia de salud, según el Ministerio de Justicia. Esa cartera presentó una denuncia ante la Fiscalía para determinar si se cometió el delito de genocidio contra los yanomamis. Manifestó que desde 2019 hubo “reiterados pedidos de ayuda” que fueron “ignorados” por las autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro. El caso está bajo investigación de la Policía Federal.

El miércoles, en el CTI del Hospital de Niños San Antonio, en Boa Vista, cinco camas estaban ocupadas por niños yanomamis que necesitaban asistencia para respirar, agotados por la desnutrición y la deshidratación, publicó Folha de São Paulo. Los cuadros de diarrea y neumonía vinculados con la desnutrición afectaban también a otros niños que se encontraban en distintos sectores del hospital. A esas situaciones, que también atraviesan varios adultos yanomamis, se suman los parásitos y la malaria.

De acuerdo con Folha, en 2022 hubo 703 internaciones de niños yanomamis en el hospital de Boa Vista, y 29 de ellos murieron allí. Sólo en enero, 96 niños yanomamis fueron internados en ese centro de salud y la mitad permanece en el hospital. La situación es tan grave que los propios garimpeiros han llevado a los niños hasta el centro de salud.

En Boa Vista se instaló un hospital de campaña para atender esta crisis. El gobierno informó el martes que más de un millar de yanomamis ya recibieron asistencia médica de emergencia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó la zona el sábado y dispuso que se enviaran recursos del Ministerio de Salud y de otros organismos estatales.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de Brasil auditará cómo fueron invertidos los recursos que el gobierno de Bolsonaro destinó a la atención de la salud de los pueblos indígenas, informó la agencia Efe. Según el presidente del tribunal, Bruno Dantas, sólo en 2021 se destinaron unos 280 millones de dólares a la salud indígena y se intenta determinar en qué se gastaron.

A su vez, el gobierno de Lula busca derogar una ley de minería vigente. “Desgraciadamente, esa ley permite que el oro ilegal se convierta en oro legal, como si fuese lavado, porque las distribuidoras que compran oro no necesitan cumplir ciertas pautas, ya que se presume la buena fe del que compra y del que vende”, dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino. Derogarla “sería una forma de desincentivar la minería ilegal en Brasil”, agregó.

“Hemos tenido un estímulo a la minería ilegal en la Amazonia brasileña. Hemos tenido, incluso, la visita del expresidente Jair Bolsonaro a una mina ilegal que todavía no había regularizado su situación”, recordó el ministro.

Mientras tanto, el gobierno dispuso el envío de 5.000 canastas familiares y suplementos alimenticios para niños de distintas edades. También 12 agencias de la Organización de las Naciones Unidas están preparando una propuesta para llevar ayuda al pueblo yanomami, informó el portavoz de esa organización, Stéphane Dujarric. Dijo que esa respuesta incluye iniciativas en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria, pero también relativas a las amenazas ambientales.

Ricardo Weibe Tapeba, secretario nacional de Salud Indígena del Ministerio de Salud, dijo que lo que encontraron en el territorio yanomami es un “escenario de guerra” y una “crisis humanitaria”. A su vez, Lula, después de visitar el sábado la reserva indígena, manifestó: “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”.