Varias organizaciones sociales alertaron el viernes sobre la situación de los migrantes en las fronteras de Perú y Chile, donde se han endurecido los controles para evitar su paso. Amnistía Internacional llamó a los dos países a dejar de lado esas políticas y expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile” destinadas a protegerlas.
La organización estimó que 300 personas o más, en su mayoría de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre los dos países “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
Otras organizaciones sociales, integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, emitieron ayer en Santiago un comunicado en el que señalan que hay personas varadas desde hace días en la frontera, que se encuentran en un “limbo” entre los dos países, y que “la única opción que tienen es pasar durante la noche por pasos no habilitados a territorio peruano, pagando lo que les cobren”.
Según informó la agencia de noticias Efe, migrantes que residían en Chile en situación irregular intentaron salir de ese territorio para mejorar su situación y se encontraron con restricciones para ingresar a Perú, que el miércoles declaró el estado de emergencia en siete departamentos fronterizos.
La medida dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte fue adoptada después de que el fin de semana se publicara un informe en el canal peruano América Televisión que mostraba a militares chilenos cuando supuestamente ayudaban a un grupo de migrantes a ingresar a Perú por pasos no habilitados. El jueves el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, llamó al presidente de Chile, Gabriel Boric, a que “solucione sus problemas y que no los tire hacia otro país”.
El consejo de ministros de Perú también aprobó un decreto que modifica por seis meses el reglamento de migraciones “para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización”, pero la presidenta aclaró que esa medida se aplicará sólo a quienes ingresaron al país de manera regular y con el tiempo quedaron en una situación de irregularidad.
Boluarte, además, responsabilizó a los migrantes por la criminalidad existente en Perú y dijo que son ellos los que “lamentablemente están cometiendo” actos delictivos. “Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”, dijo.
El representante en Perú de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, Federico Agusti, cuestionó ese tipo de discurso. “En los medios hemos escuchado en los últimos días una sobreexposición del tema de la criminalidad. Criminalizar la migración es un problema, y en eso creo que hay una enorme distorsión. Cuando uno va a la frontera no ve a criminales cruzando la frontera, uno ve familias, ve una mujer con un niño en brazos, una persona con una mochila que es todo lo que tiene”, dijo a la agencia Efe. “Lo que es un crimen es tratar de trasladar la imagen de unos pocos y llevarla a toda la comunidad [de migrantes]”, agregó.
La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes cuestiona a su vez la “falta de una mirada humanitaria de la situación, así como un abordaje político que considere el valor de la vida de estas personas, dejadas al abandono y cuyo control se ha hecho de manera violenta”, y señalan que también desde la Policía chilena el abordaje de la crisis migratoria se hace “a partir de la criminalización”.