Los partidos que integran el gobierno español votaron divididos este jueves en el Congreso de los Diputados, donde se trató la reforma de la ley conocida como del “sólo sí es sí” o “de libertad sexual”, que ha sido emblemática del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero.
Mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) promovió esta modificación, la coalición Unidas Podemos, a la que pertenece Montero, encabezó la oposición a la reforma.
La ley había generado una fuerte polémica porque su aplicación, en los siete meses que lleva vigente, condujo a que se redujeran cerca de 1.000 condenas emitidas contra agresores sexuales que habían sido juzgados según la legislación anterior, y a que cerca de un centenar de ellos fueron excarcelados. Si bien la ley agravaba los castigos en algunas circunstancias, también reducía las penas mínimas en otras, como en los casos de violación. En la reforma impulsada por el PSOE se buscó revertir esta situación con un aumento de las penas de prisión por agresión sexual en caso de que la víctima sufra violencia o intimidación.
Para aprobar la reforma, el PSOE contó con los votos del conservador Partido Popular (PP) y de Ciudadanos, también de derecha. Se pronunciaron a favor de la modificación 233 diputados, y 59 votaron en contra, entre ellos los de la ultraderecha, y los aliados del gobierno Unidas Podemos y otros partidos minoritarios (Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís, EH Bildu, Más País). Está previsto que el miércoles la nueva ley sea tratada y aprobada por el Senado.
A pesar de apoyar la reforma, la portavoz del PP en el Parlamento, Concepción Gamarra, acusó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de ser “culpable” de que la ley haya rebajado las penas de agresores sexuales.
Por su parte, la coalición Unidas Podemos fue muy crítica con la reforma. Consideró que con la ley de “sólo sí es sí” se había avanzado en materia de derechos al colocar al consentimiento en el centro de esta norma, que establece que toda relación sexual sin consentimiento libre y claro se considera agresión. Unidas Podemos entiende que ahora, con la reforma, la figura del consentimiento se pone en riesgo y se vuelve a centrar la ley en la valoración de si hubo o no violencia física. Para Montero, se “basa la credibilidad de las víctimas en las heridas que tienen sobre el cuerpo”, y aquellas que no pueden probar la violencia se convierten en “víctimas de segunda”.
“Hoy es un día triste”, dijo. “Seguramente, el día más difícil que he vivido en este parlamento como feminista”, agregó. “Costó muchos años poner el consentimiento en el centro. Ahora estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, político y mediático señalar que el consentimiento es un teatro”, afirmó.
La ministra agregó: “Hoy nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y cuando nos quedamos en minoría: seguir adelante”.
“Si el PP vota a favor es porque es un retroceso para los derechos de las mujeres”, sentenció Montero. Según informó el diario Público, esta conclusión fue extendida entre la izquierda, del mismo modo que la convicción de que la reforma no va a evitar que se reduzcan otras condenas, ya que se aplicará a los delitos cometidos después de que entre en vigor.
Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, defendió la reforma. Dijo que con la modificación aprobada este jueves se apostó por “una reforma técnica, que pasa por ajustar y redefinir las penas por cada delito. No modifica ni una coma de la definición de consentimiento. El artículo 178, que es el que aborda esta cuestión, no se ha tocado esencialmente en nada. Tanto es así que quienes han anunciado el apocalipsis no han entrado a valorar con precisión”. En cuanto a las acusaciones de pactar con la derecha, Fernández dijo que “hablarán con quien sea necesario para arreglar este asunto”.
Según informó la agencia Europa Press, la nueva ley mantiene la redacción de los primeros puntos tal como la dispuso el Ministerio de Igualdad. Se establece allí que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Pero establece una distinción para aquellos delitos en los que “la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”.