El exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso dijo que cuando esa organización estuvo activa, varias veces recibió de la inteligencia colombiana el pedido de asesinar a Gustavo Petro, el actual presidente del país. Según declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz, quien hizo ese pedido fue José Miguel Narváez, el exsubdirector del ahora disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ese funcionario también pidió asesinar a quien hoy ocupa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, agregó, según informaron RCN Radio y Europa Press.
De acuerdo con Mancuso, el DAS establecía una lista de objetivos militares que entregaban a los paramilitares. “Recibimos listados del DAS para asesinar a varias personas, especialmente de izquierda, que eran consideradas peligrosas para el país. José Miguel Narváez decía que había que matar a Gustavo Petro [por entonces diputado] y Álvaro Leyva, que eran voceros de la guerrilla, porque no convenía que esas personas llegaran al poder. También a otros dirigentes como Wilson Borja”, dijo. “Todo lo que tuviese que ver con izquierda él lo consideraba un enemigo de la nación colombiana”, agregó. En la lista, según informó la agencia Efe, estaban también el actual senador del gobernante Pacto Histórico Alirio Uribe y la senadora Piedad Córdoba.
En reacción a estas declaraciones, el presidente colombiano tuiteó: “Según Mancuso, José Miguel Narváez desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas. Por eso aún escribo por aquí”.
Otro blanco fue el actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización civil que trabaja en derechos humanos. “Históricamente hemos denunciado el uso de acciones de inteligencia ilegal por parte de agentes del Estado en connivencia con paramilitares contra personas defensoras de derechos humanos”, manifestó la organización al conocer las declaraciones de Mancuso.
En este caso, el asesinato finalmente no se cometió debido a las “enormes repercusiones” que había tenido poco antes el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, dijo Mancuso. Agregó que “dada la connotación del señor Gustavo Gallón, en este caso específico, [el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño] reversó la orden que había dado de asesinarlo”.
Justicia para la paz
Si bien la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sólo juzga crímenes de lesa humanidad cometidos por esa guerrilla o por las fuerzas de seguridad estatales, puede incluir a terceros civiles si se vinculan con esos delitos, informaron Efe y el diario El Espectador. En ese marco declaró Mancuso, “para demostrar que actuó como ‘bisagra’ o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto armado”. Hizo sus declaraciones desde Estados Unidos, donde se encuentra recluido cumpliendo una condena de 15 años de prisión por narcotráfico.
El exlíder paramilitar busca así ser comprendido en esta jurisdicción especial suministrando información que ya había brindado y también nuevos datos. Esto último es una exigencia para acogerse a este proceso. Se le exige “superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en Justicia y Paz [la ley que sirvió de base a la desmovilización de las AUC en 2006], y en la Justicia ordinaria”.
En estas declaraciones Mancuso reveló también que las AUC arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en territorio de Venezuela después de que decidieran destruir un “horno crematorio” en el que desaparecieron a cientos de personas. El Frente Fronteras, una unidad de las AUC, comenzó entonces “una práctica diferente, que fue a todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río [Táchira] para que el río las llevara y las dejara del lado de Venezuela, y otras en las que algunos miembros de las Autodefensas ingresaron a Venezuela para dejarlas en fosas”, dijo Mancuso. Afirmó que del lado venezolano de la frontera fueron enterradas 200 o más personas.
Antes de comenzar con esa práctica, según estiman organizaciones de víctimas, los paramilitares del Frente Fronteras quemaron los cuerpos de unas 500 personas en hornos para borrar la evidencia de sus asesinatos. Según Mancuso, esto respondió a un llamado de Castaño de “desaparecer a las personas” asesinadas. Afirmó que esas desapariciones fueron ordenadas por “la fuerza pública”, mientras que las AUC preferían dejar los cuerpos para causar “terror en la población” que buscaba controlar.
Campañas presidenciales con apoyo paramilitar
En otra de sus declaraciones Mancuso dijo que los paramilitares apoyaron candidaturas de candidatos a congresistas y también las campañas de los ahora expresidentes Álvaro Uribe, que gobernó de 2002 a 2010, y Andrés Pastrana, que lo hizo de 1998 a 2002.
“Las Autodefensas intervinieron de manera directa las elecciones al Congreso, el 10 de marzo del 2002, y también, las elecciones presidenciales de mayo de 2002”, dijo, según citó El Espectador. “Hubo ayudas en elecciones al candidato presidencial Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe”, agregó.
Los dos expresidentes reaccionaron a estas declaraciones. Pastrana publicó en sus redes que le exige “al cobarde asesino de Salvatore Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar” en su campaña presidencial. Manifestó que si no presenta esas pruebas “pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”.
A su vez, Uribe difundió un video en sus redes sociales en el que afirma: “Hace años el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con disciplina y transparencia [...] Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio se los robaron”.
En el mismo video, Uribe anuncia que denunciará a Mancuso “ante la Justicia colombiana y ante la de Estados Unidos, donde vive”, y que el exparamilitar tendrá que probar otros de sus dichos: que el expresidente le quitó los escoltas a un alcalde de la localidad de El Roble, Eudaldo Díaz, antes de que fuera asesinado por paramilitares. “Nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado”, dijo. Según Uribe, Díaz “no aceptaba” que la Policía o las Fuerzas Armadas le aumentaran la protección, y “con frecuencia se evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”.
Por esta muerte fue condenado en 2009 el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, considerado culpable de haber ordenado matar a Díaz. También Arana tiene previsto comparecer ante la Jurisdicción Especial por la Paz.
Mancuso, además, se refirió en sus declaraciones al uso que el Estado y las AUC hicieron de medios de comunicación. Dijo que el exvicepresidente durante los gobiernos de Uribe, Francisco Santos, lo “invitó a Bogotá al periódico El Tiempo para explicarles a los editorialistas el enfoque de Autodefensas en la lucha contra la subversión”. Agregó: “Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso”.