El presidente colombiano, Gustavo Petro, está afrontando la primera gran crisis política desde que asumió su cargo, en agosto del año pasado.
La situación se empezó a gestar en el final de la semana pasada cuando el mandatario ordenó la destitución de la hasta entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti. Estos dos funcionarios están implicados en una confusa trama, en la que también estuvo involucrada una mujer que fue empleada doméstica de ambos, Marelbys Meza.
Según informó la prensa colombiana, luego del robo de una valija que contenía una cifra importante pero no determinada de dólares en efectivo de la casa de Sarabia, Meza terminó siendo interrogada con un detector de mentiras en un edificio anexo a la sede presidencial, la Casa de Nariño, y luego sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas haciendo uso de un informe falso de la Policía que la vinculaba con narcotraficantes, según informó la Fiscalía. Esta acción ilegal fue condenada por Petro –él mismo fue víctima de escuchas ilegales en el pasado– y por ello decidió separar de sus cargos a Sarabia y Benedetti, mientras comenzaba una investigación a varios niveles.
Pero el tema no quedó ahí, porque en la noche del domingo la revista Semana publicó una serie de audios editados en los que Benedetti, quien fue uno de los principales operadores de la campaña de Petro, aparece hablándole en términos muy duros a Sarabia, quien fuera su secretaria personal durante varios años.
En una parte de los audios, Benedetti afirma tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación, y amenazó con hacerlos públicos. “¿Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa?”, expresó Benedetti.
Casi de inmediato, el presidente Petro publicó un extenso mensaje en Twitter rechazando todas las presuntas irregularidades.
“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy sólo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él”, manifestó el mandatario izquierdista.
Pero las sospechas sobre la presunta financiación ilegal de la campaña llevaron a que este lunes la Misión de Observación Electoral pidiera a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral que se “adelanten las investigaciones penales y administrativas correspondientes con el propósito de determinar las responsabilidades a que haya lugar frente al origen y el monto de los recursos utilizados en la campaña presidencial”, según informó el diario bogotano El Tiempo.
Poco después el Consejo Nacional Electoral decidió convocar a Sarabia y Benedetti para que brindaran su testimonio “con el objetivo de que expongan sobre todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia de objeto de investigación”.
El caso también tuvo repercusiones a nivel del Parlamento.
Ante la crisis política que se vive en el país, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, legislador del oficialista Pacto Histórico, anunció que se van a “congelar las discusiones de las reformas” como la de la salud, la laboral y también la jubilatoria, impulsadas desde el gobierno, que estaban siendo discutidas en el Congreso.
Racero, de acuerdo a lo que consignó el portal La Silla Vacía, dijo que esta situación seguirá así “hasta que podamos dialogar y de nuevo reconstruir la coalición de gobierno para el trámite de discusiones tan importantes para el país, que no pueden ser mediadas por factores externos”.